La portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel Mena, ha criticado este lunes "las decisiones disparatadas del PP en materia laboral", que "cuestan dinero público y generan problemas serios en la gestión municipal".

De esta forma, la portavoz socialista ha aludido a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por los que ha acordado suspender el presupuesto general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2014 y la plantilla de personal, por no haberse cumplido su orden de suspensión cautelar de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Mena ha advertido de que "la suspensión de la plantilla y del capítulo uno del presupuesto supone, prácticamente, dejar sin efecto las cuentas municipales del año 2014" y ha considerado que si el alcalde, Juan José Cardona, escuchara al PSOE, que en el pleno de diciembre avisó de que esto iba a ocurrir, la ciudad se ahorraría muchos problemas".

El auto del TSJC "pone de manifiesto que aprobar la plantilla y el presupuesto cuando ya existía un auto en el que se anulaba el cambio de vínculo fue todo un desacato judicial, tal y como advirtió el Grupo Municipal Socialista en el pleno de diciembre" ha afirmado Mena.

La portavoz socialista ha añadido que en la comisión de pleno de organización celebrada hoy, el coordinador general Claudio Rivero "seguía afirmando que la RPT era totalmente legal y que el gobierno estaba actuando conforme a la legalidad vigente".

Mena ha lamentado que "la política laboral del PP ha judicializado la vida municipal durante dos años" y ha recordado que "los tribunales han dado la razón a los trabajadores en prácticamente todas las ocasiones.

Según la portavoz socialista, el PP "pretendía ahorrarse con la puesta en marcha de la RPT más de 2.500.000 de euros en las nóminas del personal", un dinero que "supondrá un descuadre en el presupuesto en vigor que va a tener que ser modificado".

"La única intención del PP con esta RPT era recortar a los trabajadores salario y derechos. Eso es lo que le importa a Cardona, recortar el sueldo de los empleados públicos. Ahora tendrá que reponer ese dinero en el presupuesto y volver a cuadrarlo", ha referido.

El auto también cuestiona la RPT y obliga a que se modifique en un plazo de 15 días.

"También advertimos a Cardona de que los laborales no podían ocupar plazas de funcionarios, pero no quiso atender nuestras recomendaciones. No es justificable que el alcalde tome decisiones ilegales una y otra vez", ha reprochado Mena.