La Audiencia de Las Palmas debió celebrar el juicio contra la banda de rumanos a la que dejó libre el 12 de marzo de 2013, tras anular toda la instrucción en pleno inicio de la vista oral a petición de las defensas. Así lo establece el Tribunal Supremo (TS), cuya Sala de lo Penal ha estimado el recurso presentado contra esa decisión por la Fiscalía de Las Palmas y ha ordenado a la Sección Primera de la Audiencia que vuelva a sentar en el banquillo a los acusados.
Se trata de un grupo de 25 personas que en su mayoría son ciudadanos rumanos. La Fiscalía les acusa de integrar una banda que obligaba a menores a robar y prostituirse en Lanzarote y Gran Canaria. En concreto solicita penas que van de los seis meses a los 27 años de cárcel por delitos de prostitución de menores, robo, receptación, tenencia ilícita de armas y falsedad en documento oficial, entre otros cargos relacionados con la utilización de rumanos para realizar diferentes actividades delictivas entre 2003 y 2005. A las mujeres las obligaban a prostituirse, y los hombres se dedicaban a sustraer artículos como perfumes, botellas de alcohol, ropa y pequeños electrodomésticos, según las conclusiones de la fiscal de Extranjería en Las Palmas, Teseida García.
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