Juan José Cardona apenas llevaba un par de meses como alcalde cuando se topó con el primer reparo de la Intervención general a un acuerdo de la junta de gobierno. El regidor ignoró olímpicamente el cuestionamiento y siguió adelante con su decisión. En los algo más de dos años que lleva de mandato, el número de reparos e informes negativos de la Intervención supera la veintena, y casi todos se los ha saltado Cardona, bien mediante contrainformes, o bien con votaciones en el pleno municipal, echando mano de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), en el caso de los reparos suspensivos que bloquean los acuerdo. El papel de la Intervención y la Secretaría General, al igual que el resto de altos funcionarios habilitados nacionales -nombrados por la Comunidad Autónoma a través de concurso oposición- es controlar e inspeccionar la labor de los alcaldes y concejales para velar que sus decisiones se ajustan a la legalidad.
El último episodio de la tortuosa relación entre el alcalde y los fiscalizadores de su gestión tiene que ver con la reconversión, sin concurso oposición, de 639 laborales indefinidos en interinos, una decisión que fue rechazada por la Intervención y la Secretaría general, sorteada posteriormente por el Gobierno municipal y finalmente paralizada por los tribunales.
La mayoría de los cuestionamientos de la intervención han tenido que ver con nombramientos de gerentes y cobertura de comisiones de servicio, que no han respetado los procedimientos de publicidad y concurrencia, así como con la reorganización laboral que ha traído consigo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
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