El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 ha desestimado el recurso interpuesto por Endesa contra el cierre de la subestación eléctrica de La Cícer, que fue decretado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en marzo de 2010, con el argumento de que la empresa carece de licencia para prestar ese servicio en la parcela colindante a las calles Pizarro, Secretario Padilla, Espartero y el paseo de Las Canteras.
La orden de "cese y paralización" fue acordada por el gobierno local a instancia de los vecinos, que se agruparon en la Asociación Ciudadana Recuperar La Cícer y denunciaron en 2009 el funcionamiento "clandestino" de la subestación al carecer de licencia para operar. Esa resolución municipal, que afecta a la "producción, transformación, transporte y distribución de la energía eléctrica", es la que ahora ha confirmado la magistrada María del Carmen Monte Blanco, cuya sentencia del pasado 3 de julio desestima todas las alegaciones aducidas por la compañía eléctrica para tratar de anular el acto administrativo que establece la clausura de la actividad.
Endesa rechazó ayer comentar el fallo judicial porque aseguran que desconocen su contenido y los servicios jurídicos no han analizado aún la situación. Tampoco aclararon si recurrirán o no la sentencia, pero lo habitual en estos casos es impugnarla ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pues es susceptible de revisión al estar dictada en primera instancia.
Tanto el Ayuntamiento como la eléctrica están en una situación comprometida por el posible cierre de la subestación. Ambos negocian el traslado, sobre todo después de que el año pasado, en primera instancia, otra sentencia confirmase la denegación de la licencia pedida en 2010 por la empresa, al considerar que su estado es ilegalizable porque se instaló en el solar sin el permiso necesario para ejercer la actividad.
La subestación funciona desde 1929, año en el que se introdujo la luz eléctrica en la ciudad. En la actualidad suministra luz a 45.000 ciudadanos, dado que se encarga de proporcionar energía desde la urbanización de Las Torres hasta el Puerto, incluso presta apoyo a las subestaciones de Buenavista y del Muelle Grande, además de cerrar el anillo de la red de la Isla que está interconectado.
La compañía apeló en el juicio a las décadas que la subestación lleva en funcionamiento, siempre con el "conocimiento" y el "consentimiento" del Ayuntamiento. También cuestionó en su recurso la competencia de la institución local para ordenar el cierre, al tiempo que apeló a las licencias de obra dadas en 1966, 1973 y 1974 para interpretar que el permiso de apertura fue concedido por silencio administrativo. La magistrada opina lo contrario: procede impedir la continuidad de una actividad clandestina que carece de licencia, en aras de garantizar "el principio superior de respeto a la seguridad de los ciudadanos".
