Las organizaciones principales del sector del taxi de la capital grancanaria, como la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de la provincia de Las Palmas (ATAT), la Sociedad Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas y la de San Cristóbal, presentarán el próximo 12 de septiembre un recurso contencioso-administrativo contra la nueva Ordenanza del Servicio Urbano de Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, aprobada el pasado abril por la Comisión de Pleno de Organización del Ayuntamiento capitalino. Las disposiciones más destacadas que impugnarán serán las referidas a la implantación obligatoria del GPS, el cobro por tarjeta, el uniforme y la diferenciación de ciertos vehículos con el símbolo Q de calidad turística.

Con respecto a los primeros controles aleatorios que la Policía Local efectuó en los alrededores del Auditorio Alfredo Kraus, el presidente de la ATAT, José Luzardo, señaló que los agentes "actuaron correctamente, no molestaron al servicio", al tiempo que deseó que estas comprobaciones se realicen con más frecuencia, y no sólo en cuanto a la vestimenta exigida por la normativa sino a otros puntos como el contrato de jornada completa de los asalariados. "Esperemos que las inspecciones sean periódicas, si no pueden ser a diario, por lo menos semanalmente, sobre todo los fines de semana, y no sólo el uniforme, sino combatir el intrusismo, con el tema del contrato. Pedimos que se aplique todo el reglamento", explicó Luzardo.

Artículos recurridos

El pasado lunes, según informó el Consistorio, la Policía Local inspeccionó 44 vehículos, de los cuales uno poseía una licencia municipal diferente, otro carecía de hoja de reclamaciones y otro no tenía contrato de trabajo.

ATAT, las cooperativas del taxi de Las Palmas y San Cristóbal recurrirán la disposición 46.2 y 46.3, que concierne al uso imperativo de la nueva uniformidad por los conductores de taxi. Otro de los puntos del reglamento objeto de discrepancia por parte de las principales asociaciones del taxi en la ciudad es la instalación obligatoria en el plazo de dos años de un dispositivo GPS, contemplado en el artículo 6.1.h, además del sistema de pago mediante tarjeta. Como afirmó el presidente de ATAT al periódico LA PROVINCIA el 1 de agosto, "el GPS y el cobro por tarjeta en estos momentos son insostenibles por la crisis económica que estamos padeciendo" y exigió al Consistorio que sean voluntarios y no por imperativo legal. Dentro de la normativa, existen otras disposiciones que se refieren al sistema de posicionamiento global (GPS), como el artículo 21.1, que fija que "los vehículos dispondrán de GPS, con conexión a una central de radioteléfono o de alarmas, así como a la unidad de control y seguimiento que el Ayuntamiento cree a tal efecto (Cemelpa)".

El Ayuntamiento da un "plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ordenanza" para que los propietarios de las licencias de taxi equipen los vehículos con este dispositivo, según establece el párrafo segundo de la Disposición Transitoria Segunda, a la que también se oponen las principales asociaciones del taxi de la ciudad.

En cuanto al pago con tarjeta, ATAT, las cooperativas del taxi de Las Palmas y San Cristóbal también impugnarán el punto f del artículo 14, que determina que "los taxis estarán equipados, para la prestación del servicio, con (...) un sistema que permita el abono del precio a través de elementos electrónicos de pago y/o tarjetas de crédito", es decir, un datáfono. Además cargarán contra el artículo 16, apartado 1d, que también contempla que los vehículos del taxi cuenten con un "lector para el pago con tarjeta".