El concejal de Empleo y Comercio, Jaime Romero, advirtió ayer a la consejera de Industria, Empleo y Comercio, Francisca Luengo, que fueron ella y el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, quienes acordaron la liberalización de horarios de los centros comerciales El Muelle, Las Arenas y El Corte Inglés, durante la temporada de cruceros. Romero añadió que el Ayuntamiento no dará marcha atrás y mantendrá la petición de apertura dominical de las grandes superficies, porque ello es "fundamental" para lograr la reactivación económica de la capital grancanaria y "cubrir las necesidades de los turistas".

Romero respondía de esta manera a las declaraciones del director general de Comercio del Gobierno canario, Gustavo Matos, quien se dirigió a los representantes del pequeño comercio y les dijo que el Gobierno lo único que ha hecho es aprobar una propuesta planteada por el Ayuntamiento. Sólo en el caso de que el Ayuntamiento retirara la propuesta, explicó Matos, el Gobierno canario estaría en disposición de anular la orden, porque la ley estatal obliga a la Consejería a autorizar la liberalización de las grandes superficies si cumplen los requisitos.

En la misma línea que Matos se pronunció ayer Francisca Luengo, quien recordó que la declaración de zonas de gran afluencia turística es consecuencia de un real decreto que aprobó el Gobierno de España en 2012. "Según esa ley que aprobó el Partido Popular", explicó Luengo, "es el Ayuntamiento el que hace la propuesta. El Gobierno sólo tiene que autorizar esa propuesta si los informes son favorables. La propuesta del Ayuntamiento tuvo informes favorables, en su inmensa mayoría, y el Gobierno canario resuelve a favor, porque lo que no va a hacer la consejera es meter el expediente en un cajón o decir lo contrario a esos informes que son favorables, porque eso sería prevaricar". La consejera aplaudió que los representantes de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) hayan "recapacitado" y "caído en la cuenta" de que es al Ayuntamiento de la capital grancanaria a quien tienen que pedir que retire la propuesta. En el caso de que el Gobierno municipal retire la petición, añadió que su departamento estaría dispuesto a estudiar la anulación de la orden.

"Los representantes de la pequeña y mediana empresa han pedido por fin, con buen criterio" al Ayuntamiento que retire la propuesta, porque "habrán caído en la cuenta" de que ese es el camino que deben seguir, en lugar de "exigir que el Gobierno canario cometa un delito. Han recapacitado y han dicho que el tema está en que si la propuesta es x, vamos a intentar que el que hizo la propuesta la cambie. El Gobierno de Canarias no toma la iniciativa ni resuelve nada. Resuelve conforme a la propuesta y quien hace la propuesta son los ayuntamientos", indicó.

Preguntada si estaría dispuesta a reunirse con Cardona para buscar un acuerdo sobre el asunto, contestó: "Es que esto no va por acuerdo, es una norma de carácter general y tenemos que someternos a la legalidad el alcalde, el Gobierno y todo el mundo".