El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una diligencia en la que conmina al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a que ejecute el derribo de la Biblioteca Pública del Estado. El Consistorio interpuso un incidente de nulidad ante el Tribunal Constitucional, para evitar el derrumbe del equipamiento, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio que obliga a la ciudad a derruirlo. El concejal de urbanismo de la capital, Martín Muñoz explicó ayer que "esta diligencia es parte procesal de todo el caso de la Biblioteca del Estado y es un acto administrativo".

El edil de Urbanismo señaló que este documento, que espera recibir mañana lunes, "se debe cursar", y que se trata de una diligencia, "mediante la cual se notifica a las partes la sentencia del Tribunal Supremo, de la que TSJC hace acuse de recibo". El fallo del Tribunal Supremo, de principios de julio de este año, desestimaba los recursos del Consistorio y de Abogacía del Estado, al considerar "ilegal", la construcción de la avenida marítima.

En la sentencia, que no establecía plazos, se especificaba que el Consistorio debía meter la piqueta en la Biblioteca de manera "inmediata". Juan José Cardona, alcalde de la capital grancanaria, consideró el fallo "desproporcionado" y prometió agotar "todas las vías judiciales" a su alcance para evitar que cayera el edificio. Aunque la sentencia es firme, los servicios jurídicos del Consistorio ven una pequeña esperanza en el Tribunal Constitucional. El voto particular de dos de los magistrados del Supremo dio la pista: la vulneración del derecho fundamental de acceso a la cultura, que se ocasionaría si, finalmente, se tirara la Biblioteca.

Martín Muñoz indicó ayer que, dentro del mismo proceso iniciado por el Consistorio y del que también deriva la diligencia emitida por el TSJC, "el Ayuntamiento informará en los próximos días al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de los siguientes pasos procesales que ha realizado, como es el incidente de nulidad de la sentencia, ante el Tribunal Constitucional, por el cual el Consistorio solicita que se anule de la ejecución de la misma".

En cualquier caso, "Muñoz destacó que, aunque si bien esta diligencia no aporta nada nuevo al proceso, los servicios jurídicos del Ayuntamiento continúan trabajando en las vías judiciales, que se están desarrollando con el objeto de que, en definitiva, la Biblioteca permanezca siendo el bien de interés cultural que es y que continúe prestando los servicios que realiza y que a tantos ciudadanos garantiza su derecho a optar a una infraestructura cultural y educativa", agregó el concejal de Urbanismo.

Una instancia tras otra, la justicia ha considerado que la licencia de la Biblioteca se concedió sin cumplir los parámetros legales requeridos, en el año 1997. El Tribunal Supremo lo hizo en julio, cuando desestimó las razones que esgrimió la ciudad, después de la sentencia condenatoria del TSJC del año 2002, que daba las razón a los vecinos del edificio San Telmo, ubicado justamente detrás, y que denunciaron al Ayuntamiento, al considerar que el proyecto les restaba visibilidad, que incumplía parámetros urbanísticos y que no se había aprobado un plan especial para su construcción.

Apoyos

Aunque el regidor capitalino reconoce que el inmueble arrancó con "un pecado original", considera, al igual que la oposición en el Ayuntamiento, que sería un disparate derribar la Biblioteca. Han sido muchas las voces que han manifestado su disconformidad con el derrumbe del equipamiento cultural. El Gobierno de Canarias, incluso se planteó personarse en el proceso. La Academia Canaria de Bellas Artes fue contundente en su defensa del inmueble tal y como funciona actualmente. La institución canaria calificó de "escándalo público" la sentencia del Tribunal Supremo, y argumentó que se trata de un bien sociocultural que hay que proteger.