El alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, anunció ayer que el Ayuntamiento se reserva la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional como una de las últimas vías para salvar la Biblioteca Pública del derribo, en el caso de que el Supremo rechace el incidente de nulidad presentado el pasado mes de julio contra la orden de demolición.

Mientras el alto tribunal se pronuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a través de la sección segunda de la Sala Contencioso-Administrativo, notificó ayer al Ayuntamiento que ha iniciado los trámites para ejecutar la sentencia del 10 de octubre de 2002, que obliga a tirar la Biblioteca. El TSJC recuerda que la orden de demolición sigue adelante tras rechazar el Supremo los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento y el abogado del Estado contra el auto dictado el 14 de febrero de 2013. Dicho auto, se aclara en la diligencia, "deniega la solicitud de imposibilidad legal de ejecutar dicha sentencia formulada" por la Corporación y requiere al Ayuntamiento para que "proceda a la ejecución y cumplimiento de la sentencia". La sala concede al Ayuntamiento un plazo de cinco días para recurrir la resolución.

El alcalde consideró, en la línea de las declaraciones efectuadas el pasado sábado por el concejal de Urbanismo Martín Muñoz, que la resolución del TSJC es un acto administrativo más de la orden de demolición. Añadió que el Ayuntamiento esperaba la notificación que el TSJC adopta ahora, aclaró, porque acaba de conocer la sentencia del Supremo, que el Ayuntamiento "recibió antes del verano". El Supremo", explicó Cardona, "falló en contra y esa misma resolución que nosotros conocimos antes de las vacaciones es la que ahora conoce el TSJC y, lógicamente, nos la notifica". El Ayuntamiento, indicó, informará al TSJC que ya ha presentado un incidente de nulidad contra el derribo, argumentando que éste vulneraría los derechos constitucionales. El Supremo, recordó, no se ha pronunciado aún. "Desde el punto de vista del fondo de la cuestión nada ha cambiado, ni nada nuevo se nos ha notificado que ya no supiéramos que fuera a ocurrir", sostuvo. En el caso de que el Supremo rechace el incidente de nulidad, añadió, el Ayuntamiento presentará un recurso de amparo ante el Constitucional. "Cuando esta vía culmine, incluso en ese momento habría otros mecanismos jurídicos para evitar que la Biblioteca sea derribada. Por lo tanto, hay muchas barreras jurídicas todavía por delante, y el convencimiento es total y pleno", insistió.

Por su parte, la portavoz del PSOE Isabel Mena, advirtió ayer que "las vías jurídicas para salvar la Biblioteca se van agotando y esa es una pésima noticia para la ciudad". Mena responsabilizó a Juan José Cardona y al ex alcalde José Manuel Soria por construir La Biblioteca al margen de la legalidad. "La responsabilidad está clara y es hora de que Cardona y Soria la asuman. Que pidan perdón y paguen. Si la Biblioteca se tira, Cardona debería marcharse", advirtió.