La Autoridad Portuaria de Las Palmas iniciará acciones judiciales contra el Banco de Santander a causa de un "swap" por el que ha abonado 5 millones de euros y que exige que se anule y se le devuelva el importe pagado, porque asegura que ni suscribió ni formalizó contrato alguno.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha informado de que el 8 de octubre tiene prevista una reunión en Madrid con el Banco de Santander en la que, de no llegar a un acuerdo, la Abogacía del Estado estudiará la vía judicial más adecuada para actuar contra la entidad.

Ibarra ha indicado que en las diligencias previas que se han iniciado se requirió judicialmente al Santander la aportación del contrato original, pero no lo ha aportado.

Así mismo, Ibarra ha señalado que se prepara una demanda e, incluso, que se baraja una querella criminal por un supuesto delito de estafa.

Ibarra ha explicado que el expresidente de la Autoridad Portuaria José Manuel Arnáiz sostiene que el banco no le informó del contrato de ese producto, que se produjo al mismo tiempo y por igual importe de un préstamo de 23,4 millones de euros solicitado a la entidad en el año 2004.

Ha añadido que Arnáiz asegura que a él "nunca se le informó" de ese producto y que lo firmado fue solo el préstamo, por lo que no se llevó el "swap" al Consejo de Administración ni se firmó ante notario, y ha indicado que el préstamo suscrito se canceló a los pocos meses.

El presidente de la Autoridad Portuaria, además, ha informado de que el Consejo de Administración ha aprobado este miércoles de forma provisional el expediente de modificación de la delimitación de los espacios y usos portuarios de Puertos de Las Palmas, que incluye a los de Salinetas y Arinaga.

Según esta nueva delimitación, Puertos devuelve a la Dirección General de Costas la zona marítima terrestre a partir del capitalino parque de San Telmo, así como la comprendida entre el muelle y el puerto de Arinaga (Agüimes), y retorna al Ministerio de Defensa unos terrenos situados en La Isleta que no tienen uso portuario.

Además, Ibarra ha informado de que el condicionado que el puerto planea para el sector de las reparaciones navales, que tenía previsto aprobar este miércoles, se ha pospuesto un mes, un periodo en el que se tratará de consensuar con las empresas afectadas.

Luis Ibarra ha explicado que la Autoridad Portuaria está obligada por ley a llevar un control de estas reparaciones, que en muchos casos se producen de forma "fraudulenta" por empresas foráneas y que su intención es "controlar, pero no paralizar el sector".

Ha indicado que el barco que se incendió hace quince días en el el puerto de La Luz fue a causa de una reparación que se hizo a flote y de la que la Autoridad Portuaria no tenía conocimiento, por lo que ha subrayado que el control es preciso para garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad.