La Fiscalía de Menores de Las Palmas ha archivado las diligencias de investigación abiertas contra el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la actuación de ambas administraciones en el caso del menor de Jinámar que estuvo 15 años al margen del sistema educativo, sanitario y legal al no haber sido inscrito en el Registro Civil por sus padres, entre otras omisiones como la falta de escolarización o de atenciones sanitarias.

El Ministerio Público tramitó las diligencias de investigación a finales del pasado mes de enero, tras una compleja investigación de la Policía Canaria, que estuvo varios meses detrás de la familia hasta dar con el chico. La fiscal delegada en Las Palmas, Montserrat García, le tomó declaración como imputados a dos cargos de la dirección general de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno regional, en concreto al jefe del servicio y a una responsable de sección, así como a la jefa de sección de los Servicios Sociales municipales y a los padres del adolescente, pero finalmente ha decido archivar las actuaciones respecto a estos tres cargos públicos al no apreciar indicios de delito en la tramitación de los expedientes relacionados con la familia de Jinámar, la cual recibía ayudas desde hace años y llegó a tener a otros dos hijos en situación de desamparo por falta de recursos.

Las pesquisas del cuerpo autonómico de seguridad, que fueron coordinadas por la Fiscalía de Menores, arrojaron indicios de que los responsables de ese servicio en las dos administraciones fueron alertados por terceros de la existencia del niño, quien, a sus 15 años, jamás había pisado un colegio para disfrutar de un derecho básico como es la educación.

La sospecha sobre esa posible dejación de funciones se incrementó al constatar la Fiscalía que los Servicios Sociales del Ayuntamiento prestaban ayuda económica a la familia del adolescente, incluso que la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias abrió en su momento dos expedientes administrativos de riesgo relacionados con sendos hermanos del niño sin escolarizar.

Los padres tienen seis hijos y dos de ellos estuvieron en situación de acogida temporal, aunque son mayores que él y acabaron retornando a su hogar natural al primar el apego a sus progenitores. Por todas esas circunstancias, ante la posibilidad de que las administraciones implicadas hubieran incurrido en alguna negligencia perjudicial para el menor, la fiscal Montserrat García incoó la investigación penal. Las pesquisas estaban amparadas en el artículo 226 del Código Penal, que regula el delito de abandono de familia y contempla penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses para aquellas personas que "dejen de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar". El mismo castigo se le impondrá a quienes no cumplan con la obligación de "prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados", recoge el artículo.

Según fuentes judiciales, la fiscal dictó el decreto de archivo el pasado mes de agosto, al no apreciar indicios delictivos en las actuaciones concretas de los jefes de servicio y de sección interrogados en la Fiscalía de Menores. En cambio, sí revela el Ministerio Público "graves irregularidades" en la coordinación de ambos servicios.

La Fiscalía de Menores también abrió un expediente administrativo de riesgo por la situación del menor, al tiempo que activó una batería de actuaciones para normalizar y legalizar su situación, desde una prueba de paternidad para verificar su filiación (nació en una clínica privada con concierto público y no coincidían los apellidos con el de los padres), hasta la inscripción en el Registro Civil y una evaluación por los psicólogos del centro al que fue traslado por la Dirección General del Menor, con la finalidad de conocer su nivel educativo y su estado de salud (en este último aspecto no presentaba ningún problema).

El chico estaba integrado en Jinámar e iba a buscar a sus hermanos al colegio, según el seguimiento policial. También siente un fuerte arraigo familiar. De hecho, sus padres, Pedro y Maravilla, de 36 y 35 años, admitieron su error en una entrevista concedida a este periódico al conocerse el caso. Era el tercer hijo de la pareja y habían perdido la custodia de los dos anteriores. Por eso decidieron criar al tercero en casa.