Javier González Ortiz definió ayer el fraude fiscal como aquellas "conductas insolidarias que afectan a la financiación de los servicios públicos y distorsionan la actividad económica". Una declaración que pretendía retratar a los infractores en un escenario de crisis económica como el de los últimos años. De ahí que el responsable de la Hacienda regional insistiera en la necesidad de redoblar los esfuerzos de las distintas administraciones públicas para tratar de poner freno a los beneficios no declarados o el contrabando. Ese es el objetivo que persigue el Ejecutivo regional con la cesión de su inmueble en el Puerto a la Guardia Civil. Los agentes del cuerpo de seguridad estatal podrán intensificar su actividad de control a la entrada y salida del mayor recinto portuario de Canarias, y el que mayor volumen de mercancías mueve de forma regular. También se coordinan las acciones entre ambas administraciones, la central y la regional, a la hora de tramitar las infracciones con más celeridad, en un punto en el que tradicionalmente ha estado la Benemérita, y en el que en adelante tendrá mayor presencia. A. O.
