La sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1 albergó ayer la vista oral del juicio contra los propietarios de la residencia de ancianos de Trinidad en Vegueta, cerrada por el Gobierno autónomo en junio de 2011 debido a las condiciones alimenticias, higiénicas y sanitarias de sus 30 internos. El precario cuidado de la alimentación centró parte de la intervención del fiscal Pedro Gimeno, que acusó a Jesús María C.D., propietario del centro junto a su hermano Álvaro, de espesar la comida con servilletas. Gimeno se basó en la declaración de una de las auxiliares de geriatría de la residencia, Mercedes M.C., que afirmó que se encontró trozos en los platos, algo que Jesús María negó con rotundidad y aseguró que el único espesante que emplearon era "pan". El representante del Ministerio Público atribuye a los dos hermanos 18 delitos contra la integridad moral de los ancianos y les acusa de abuso sexual, que también negaron.

Por otra parte, la minuciosa acusación pública subrayó otros sucesos relativos a la dieta de los residentes como el reciclado de las sobras de tres o cuatro días en una "suerte de puré", la rebaja de la leche con agua para racionar un litro para 15 personas, y el suministro de comida ácida, de acuerdo con la declaración de varios trabajadores de la entidad en la fase de instrucción, como Sebastián M.C.

Defendidos por el abogado Ángel Luis Calonge, ambos hermanos desmintieron los hechos y alegaron que se debe a "un problema laboral, un complot". "Desde el momento en que anuncié el ERE [Expediente de Regulación de Empleo], los trabajadores manifestaron eso, (...) . Desde que estaba el sindicato, se formó el follón", apuntó Jesús María, que mediante la sociedad Naranjo y Calahorro SL compró en 1988 el inmueble de Vegueta, que años después, en 2000, emplearía como residencia de ancianos.

Jesús María admitió que compraban comida congelada en lugar de fresca por "la seguridad en la manipulación de los alimentos". "Me lo aconsejó una dietética veterinaria", afirmó este acusado. Quién cocinaba y elaboraba los cuadrantes del menú, y si se adecuaban a las necesidades de cada anciano también fueron blanco de las preguntas del fiscal. En un principio, Jesús María afirmó que su hermano Álvaro lo consultaba con el médico de cabecera de cada residente en el centro de salud correspondiente, pero poco después se retractó de lo dicho y aseguró que la función de su hermano era recoger las recetas.

Por su parte, Álvaro, que vivía en la azotea del edificio, declaró que se encargaba de hacer las notas de pedido de comida en función de las compras habituales a los proveedores, pero que desconocía los menús y su autoría, y que no mantenía contacto con las diferentes personas que ejercían de cocinero. En las declaraciones de los hermanos, quién controlaba las patologías clínicas de los internos quedó en el aire. Otros temas como negarse a llamar a un facultativo ante cualquier incidencia y dar medicación no prescrita, escasez de material sanitario, el estado de los colchones, la presencia de hormigas, entre otros, figuraron también en el interrogatorio.

"Había un gerocultor que se ocupaba de 29 ancianos por la noche, porque no estábamos obligados a más, ni a un médico, porque no era un centro sociosanitario sino una residencia de la tercera edad", aseguró Jesús María.