Emalsa contratará por 72.000 euros los servicios de la consultora y asesora KPMG, cuya labor consistirá en dar apoyo técnico al interventor del servicio, Rafael Bolívar, en la evaluación de los distintos contratos de Emalsa con el Ayuntamiento y con otras empresas, el análisis jurídico de los bienes adscritos a la compañía, la situación contable del patrimonio hidráulico municipal y el equilibrio económico financiero de los servicios concesionados, entre otras funciones.

La contratación de la consultora fue autorizada por unanimidad, a propuesta del comité de seguimiento de la intervención administrativa, por el consejo de administración Emalsa, que se encargará de abonar los 72.000 euros previstos inicialmente. Esta cantidad será ampliable, si fuera necesario, y forma parte de los algo más de 200.000 que costarán los servicios de apoyo a Bolívar, según estableció en su día el acuerdo de intervención administrativa.

Según el concejal de Medio Ambiente, Ángel Sabroso, la consultora "goza de la confianza del Ayuntamiento y la parte privada lo acepta". En definitivas cuentas, la consultora se encargará de buscar y analizar los datos que necesite el interventor para conocer la situación real del servicio. Ayudará a conocer, por ejemplo, el coste de los diferentes servicios del ciclo integral del agua, entre ellos la producción y depuración de aguas, el grado de reposición del patrimonio hidráulico.

Sabroso reconoció que el trabajo de la intervención "no está siendo sencillo. Va lento porque se trata de corregir muchas cosas que llevan veinte años asentadas, pero ya empieza a dar sus frutos", algo que a su juicio se está reflejando en que Emalsa ya "ha empezado a justificar los trabajos realizados de otra manera, no simplemente dividiendo en importes equitativos mensuales la anualidad" de determinados contratos. Sabroso se refería a los contratos de saneamiento, que el Ayuntamiento se ha negado a pagar hasta que no se justifiquen debidamente. "El objetivo del proceso de intervención está en despejar todos los conflictos entre Emalsa y el Ayuntamiento y dar lugar no sólo a un mayor control de la concesión pública del servicio integral del agua sino a una relación de futuro para los próximos 25 años de la concesión mucho más ordenada y sin diferencias de criterio y problemas", sostuvo el edil.

Menos optimista que Sabroso se mostraba Bolívar en su segundo informe del pasado verano, en el que resaltaba los obstáculos que estaba poniendo Emalsa a la labor de la intervención.