El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas debate en su sesión de hoy el expediente levantado en torno a las obras de la segunda fase del dique de La Esfinge, el muelle exterior del recinto. En uno de los primeros puntos del orden del día, el presidente del Puerto, Luis Ibarra, propondrá a los miembros del órgano de gobierno llevar al fiscal el informe jurídico elaborado por Puertos del Estado, en el que se han detectado graves anomalías técnicas y contables en el desarrollo de los trabajos, adjudicados en 2007 y recibidos en 2012. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento, en un escrito de remisión del documento firmado por su presidente, José Llorca, estima que, "a la vista de la naturaleza y gravedad de las irregularidades detectadas", La Luz "debería poner los hechos acontwecidos en conocimiento de las autoridades competentes".

Las indagaciones de Puertos del Estado se iniciaron a raíz de que la contrata reclamara el pago de trabajos ejecutados no contemplados en el contrato original. Una demanda que alcanzó la cuantía de 12,5 millones de euros. El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, pidió en octubre de 2013 a Fomento que se pronunciara sobre la pretensión de la unión temporal de empresas (UTE) a la que inicialmente se le adjudicaron las obras, por importe de 46,3 millones de euros, y que formaban Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero.

Fomento remitió el informe jurídico el pasado mes de octubre. Para elaborar el dictamen se apoyó en los informes técnicos elaborados por sus propios técnicos y por los del Puerto de Las Palmas, además de la reclamación formulada por las constructoras. La Autoridad Portuaria abrió, en el contexto de estas investigaciones, un expediente informativo a cuatro de sus técnicos (el director de la obra, el jefe de obra y dos empleados más), sobre el que se espera que Ibarra informe en la jornada de hoy a los integrantes del consejo.

El órgano de gobierno está conformado por altos cargos de la administración portuaria en La Luz, la Capitanía Marítima y representantes del Estado, además de cargos políticos de la administración autonómica y las corporaciones locales. Así, figuran en esta relación José Miguel Pérez, vicepresidente regional; Carolina Darias y Jorge Rodríguez, vocal de la comisión de Pleno y viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario; José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Juan José Cardona, alcalde de la capital grancanaria; Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, Blas Cabrera, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura; Marcial Morales, alcalde de Puerto del Rosario; y José Francisco Montelongo, primer teniente de alcalde de Arrecife.

Completan el consejo los representantes de las empresas, Agustín Manrique (presidente de la Confederación Canaria de Empresarios) y José Juan Ramos, presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) , además de Miguel Rodríguez, representante de los estibadores.

Ibarra tiene previsto exponer el expediente y consultar su posible traslado al fiscal. Varios de los miembros del consejo pidieron al Puerto que les adelantara la documentación sobre la segunda fase de La Esfinge, con objeto de estudiarla con suficiente antelación. Manrique también confirmó que la patronal evaluará en sus órganos internos el desarrollo de los trabajos en el dique exterior, después de que sea objeto de debate en la Autoridad Portuaria.

El informe jurídico de Fomento desestima en principio la reclamación de la UTE, al entender que ésta "prestó su conformidad y consentimiento de forma expresa" al contenido de la liquidación de la obra. No obstante, y de forma "subsidiaria", evalúa cada uno de los detalles de su demanda, sobre el vertido de materiales o la ejecución de la escollera y el espaldón del dique, entre otros aspectos. El saldo final de lo estimado por Fomento es de 1,2 millones, cifra que la contrata tendría que devolver al Puerto.