El consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordó ayer "por unanimidad" remitir al Fiscal el expediente de la segunda fase de las obras del dique de La Esfinge, según anunció al término de la sesión su presidente, Luis Ibarra. También se instó a la Abogacía del Estado a evaluar la posibilidad de que el Puerto actúe de oficio, y presente una querella por los fallos técnicos, pagos irregulares que no se corresponden con lo certificado y el empleo de materiales no contemplados en el proyecto, entre otras "graves" anomalías, y ante responsables aún por determinar. La administración ha expedientado a cuatro de sus técnicos, entre ellos, al director de la obra, sancionado con seis años de suspensión de empleo y sueldo.

El órgano de gobierno en La Luz, el que se incluyen personal propio, portavoces empresariales y representantes políticos del Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento de la capital, debatió durante más de cuatro horas la documentación presentada en el orden del día, incluyendo el informe jurídico emitido por Puertos del Estado en el que se detectan graves irregularidades técnicas y contables en el desarrollo de los trabajos.

Estos fueron adjudicados en 2007 a la Unión Temporal de Empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero, por un importe de 46,3 millones de euros. La segunda fase del dique no se recibió por el Puerto hasta julio de 2012, tres años después de lo previsto. Después de ese trámite, la contrata reclamó hasta 12,5 millones de euros por actuaciones realizadas no contempladas en el informe original. Ibarra solicitó a Puertos del Estado en octubre de 2013 que evaluara la pretensión de las constructoras, a raíz de lo cual el organismo público dependiente del Ministerio de Fomento indagó en el expediente.

La auditoria instó al Puerto a poner en conocimiento de "las autoridades competentes" los fallos en La Esfinge: materiales que no se correspondían con lo contemplado en el proyecto, variaciones del mismo que no se sometieron al preceptivo modificado y certificaciones de obra que tampoco se equiparaban con lo liquidado. Puertos del Estado resolvió que la UTE "prestó su conformidad y consentimiento de forma expresa a la liquidación de la obra", por lo que no debía atenderse, en esta evaluación, su demanda. Sin embargo, con carácter "subsidiario", repasa en su informe cada uno de los conceptos por los que las constructoras piden más dinero, con un saldo final de 1,2 millones de euros que tendrían que devolver a la Autoridad Portuaria.

Ante semejante valoración de los hechos, los consejeros reclamaron al presidente que actuara "de forma contundente", según informó el propio Ibarra. De hecho, se instó a la Abogacía del Estado, representada en la mesa, a evaluar la posibilidad de presentar una querella por las presuntas irregularidades en La Esfinge que ha sacado a la luz el Ministerio de Fomento. Acción legal cuyos hipotéticos destinatarios no precisó el presidente, y de los que no excluyó a la UTE, que "también realizó actuaciones en contra del proyecto".

Durante la sesión, el mandatario en La Luz también informó del expediente abierto a cuatro técnicos de la casa, que se ha resuelto en primera instancia: se imponen seis años de suspensión de empleo y sueldo al director de la obra; un año, al jefe de la misma; y un mes a dos empleados encargados de los pesajes de material en las básculas de la obra. La sanción no es firme y debe aún debatirse en el Consejo de Puertos del Estado.

Ibarra, que no dio nombres, desveló que, en el transcurso de las indagaciones realizadas conforme a este expediente disciplinario "han aparecido más papeles", entre ellos, "los vales" de pesado de material, que "podría hacer que la cantidad que se exija a las constructoras sea aún mayor".

Todo, en relación a una obra que se adjudicó en los últimos días de Emilio Mayoral como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y que abarcó todo el mandato de Javier Sánchez-Simón en el mismo cargo, al que accedió su actual detentor en 2011. "Algunos intentan echar la culpa a los siguientes, pero yo no voy a entrar en ese juego", comentó Ibarra, cuestionado sobre la relación de anomalías observadas en La Esfinge.

Estas abarcan desde el empleo de materiales de inferior calidad a la prevista en la escollera, la elevación de la altura del espaldón del dique o el presunto empleo de bloques deteriorados o procedentes de otras obras que el Puerto ejecutaba en el recinto al mismo tiempo que la segunda fase del dique exterior (una "hipótesis verosímil" en el informe jurídico de Fomento).

Estas anomalías obligarán a la Autoridad Portuaria, además, a devolver fondos a la Unión Europea, que financia en un 80% el conjunto de las obras que se desarrollan en el muelle de La Esfinge. Ibarra dio cuenta de la visita de inspectores de Puertos del Estado a La Luz en los últimos días, con el objetivo de descertificar las cantidades liquidadas que habría que restituir a Bruselas.

Precisamente ayer el Puerto recibió los 150 primeros metros del alargue de 410 que ejecuta otra contrata diferente (la UTE formada por Sato, Hermanos Tito y Félix Santiago, adjudicataria por 20,5 millones), en la tercera fase de las obras, que no están afectadas por el expediente. El consejo de administración también adjudicó a la Unión Temporal de Empresas formada por Dragados y Drace, por 7,6 millones de euros (con una baja del 25% respecto al presupuesto previsto), las obras del cierre sur de la dársena de La Esfinge, el primero de dos contradiques en forma de martillo.

En la sesión también se otorgó la ejecución de la segunda fase de la urbanización del dique Reina Sofía, por 2,4 millones de euros (un 34% menos de lo contemplado originalmente en la licitación). La oferta escogida fue la de la UTE integrada por OHL, Félix Santiago y Hermanos García Álamo. Cuestionado sobre el hecho de que constructoras que formaban la contrata de la segunda fase de La Esfinge vuelvan a recibir encargos de la administración, Ibarra apuntó que "lo que existe en este momento es una presunción. Quien en todo caso debe imponer una sanción, creo yo, es el Ministerio de Economía y Hacienda. El Puerto", añadió, "no puede utilizar cualquier argumento para no otorgar obras".

El presidente de la Autoridad Portuaria recalcó que " lo que sí me han pedido todos los consejeros en este expediente de La Esfinge es que hay que ser absolutamente contundente". De ahí que se reclame la actuación de la Abogacía del Estado en un procedimiento que en próximos días llegará al Fiscal.

"Se le ha pedido que estudie si lo observado cumple con los requisitos de una querella", precisó Ibarra, quien explicó que "ahora hay que analizar que importe debe devolverse a Europa", y que en el siguiente consejo de administración, en principio previsto para diciembre, se procederá a desestimar la reclamación de la UTE.

El presidente indicó que la segunda fase del dique de La Esfinge "tiene modificados no recogidos en el proyecto", y que "necesita inversiones adicionales". En este punto, hay que recordar que los informes del Ministerio de Fomento apuntan "coeficientes de seguridad inadmisibles" en la estructura submarina del muelle. Ibarra también expuso a los consejeros que "hay certificaciones de obra que no se corresponden con la realidad".

El mandatario recordó durante su intervención ante los medios el intento fallido de recepción de la obra en 2011, cuando Fomento no estimó la solución planteada desde La Luz sobre un espaldón más alto de lo contemplado inicialmente (14,70 metros, por los 12,70 recogidos en el proyecto). Desde Madrid se ordenó "restablecer la sección tipo de dique vertical en toda su longitud". Y aludió a lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 29 de junio de 2011, por el que se dio cuenta de la delegación de competencias del consejo de administración en la figura del entonces presidente, Sánchez-Simón, para cerrar varios trámites. Entre ellos, la recepción de esta fase de La Esfinge. "Eso es lo que yo me encontré al llegar", comentó.