Las "graves irregularidades" detectadas por el Ministerio de Fomento en la ejecución de las obras de la segunda fase de La Esfinge tendrán consecuencias en Bruselas: la Autoridad Portuaria de Las Palmas tendrá que devolver unos nueve millones de euros a la Unión Europea, según lo estimado por los técnicos del Estado. Un equipo de inspectores visitó La Luz hace unos días para evaluar el expediente y el estado del dique exterior del recinto, y descertificar trabajos ejecutados en un proyecto que contó con un 80% de fondos europeos. Su evaluación fue confirmada por el Puerto a última hora de ayer. Se 'levantan' 15 millones de euros de obras liquidadas, de los que la aludida cantidad de nueve deberán restituirse a la Unión.

El resto, seis millones, tendrá que asumirlo la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas. Todo, a consecuencia de las indagaciones realizadas por Puertos del Estado sobre un expediente que el consejo de administración del Puerto resolvió remitir a la Fiscalía esta misma semana, y que observa pagos irregulares (que no se corresponden con lo certificado), empleo de materiales no contemplados en el proyecto original o graves fallos técnicos en el muelle exterior del recinto de la capital grancanaria.

El presidente del Puerto, Luis Ibarra, defendió días atrás la necesidad de aclarar qué parte del dique había que descertificar, ante el riesgo de perder toda la subvención concedida por la Unión Europea para la ejecución completa del dique. Una actuación que también incluye una tercera fase (actualmente en curso, para alargar el muelle, de 600 metros, en 410 adicionales) y dos contradiques en forma de martillo. Por todo el conjunto Bruselas ha aportado una cantidad próxima a los cincuenta millones de euros, según llegó a precisar el propio Ibarra.

Las indagaciones

La visita de los técnicos del organismo público dependiente de Fomento ha sido el último de los pasos dados en la aclaración de unas obras que se adjudicaron en 2007 a la Unión Temporal de Empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero, por un importe de 46,3 millones de euros. El proyecto no fue recibido por el Puerto de Las Palmas hasta julio de 2012, tres años después de lo previsto, Y una vez liquidado, las constructoras reclamaron 12,5 millones de euros por trabajos que no estaban contemplados en el contrato original.

A raíz de esta demanda de las empresas, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, informó al consejo y reclamó a Puertos del Estado un dictamen. Fue en octubre del año pasado. Fomento recopiló entonces las valoraciones de sus propios técnicos y los de La Luz, además de las alegaciones de las constructoras, para emitir un informe jurídico en el que considera que no debe estimarse la pretensión de la contrata, al entender que esta "prestó su conformidad y consentimiento de forma expresa" al contenido de la liquidación final.

Sin embargo, y con carácter "subsidiario", el dictamen entró en el detalle de cada uno de los conceptos por los que las compañías reclamaban más dinero. Apartados como el hormigonado del espaldón del dique, los vertidos en la escollera, la fabricación de bloques de hormigón necesarios para acabar el muelle, su colocación o la revisión de las cantidades por el total del material empleado en la ejecución del proyecto. El informe jurídico reconoce en algunos apartados que el Puerto debe pagar un extra a la UTE. Pero en otros observa justo lo contrario: que es la contrata la que debe devolver dinero. Como saldo final, resulta una cantidad de 1,2 millones de euros que las empresas tendrían que restituir a la Autoridad Portuaria.

El informe, en el que también se incluyen las inspecciones submarinas del dique, revelan que se emplearon materiales de peor calidad que lo previsto en el proyecto, que la contrata "incumplió" y pecó de "impericia profesional", que la administración pagó escollera "como si cumpliera con los requisitos de calidad" y que lo diseñado se alteró "sin tramitación conforme a la ley". Además, se observaron "irregularidades" por parte de la administración, porque "no ha adoptado las medidas oportunas para evitar que la UTE modificase los términos del proyecto en cuanto al material vertido".

El documento resalta la "gravedad" de los hechos, e insta al Puerto de Las Palmas a "depurar responsabilidades". En el escrito de remisión del informe a La Luz, firmado por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, se expone, ademáis que "a la vista de la naturaleza y gravedad de las irregularidades detectadas", la Autoridad Portuaria "debería poner en conocimiento los hechos acontecidos a la autoridades competentes".

El asunto se debatió este mismo lunes en el consejo de administración del Puerto, que resolvió su envío a la Fiscalía, además de instar a la Abogacía del Estado a evaluar la posibilidad de presenta una querella de oficio. Según dio cuenta Ibarra, los consejeros reclamaron "contundencia" al presidente. El mandatario también informó ante los medios del resultado del expediente abierto a cuatro técnicos de La Luz, que se ha resuelto inicialmente (pendiente de su discusión en el Consejo de Puertos) con seis años de suspensión de empleo y sueldo para el director de la obra, uno para el jefe de obra y un mes para dos técnicos encargados del pesaje del material.

Ibarra ha indicado, además, que el traslado del expediente al Ministerio Público se realizará en los próximos días, previsiblemente, a finales de esta misma semana. Será el Fiscal el que decida en adelante el curso del procedimiento.