El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha solicitado la intervención de un mediador judicial para intentar frenar el pago de la indemnización millonaria que reclama la administración concursal del campo de golf de La Minilla por la liquidación de la concesión del complejo. Según asegura el concejal de Urbanismo, Martín Muñoz, la administración concursal de la concesionaria Las Palmeras Golf -que está en suspensión de pagos desde 2010 junto a su empresa matriz Evemarina- reclamó inicialmente 13,59 millones al Ayuntamiento por la liquidación del contrato y posteriormente, redujo dicha cantidad a 9,46 millones, "tras realizar una tasación en abril de 2014", cantidades que el Ayuntamiento no está dispuesto a pagar.
Lo que intenta ahora el alcalde Juan José Cardona es llegar a un acuerdo con la administración concursal, a través de la figura del mediador judicial, que "ya está designado", y se prevé que la negociación pueda cerrarse a finales de este mes de enero.
El Ayuntamiento adjudicó en 2004 a Evemarina la construcción y gestión del complejo por un plazo de 50 años, pero la empresa suspendió pagos en septiembre de 2010 y la ciudad no ha recibido hasta ahora ni un euro de la instalación. Ni siquiera por el canon. Al contrario, le ha costado dinero porque hasta ahora ha tenido que hacer frente al pago del agua, la energía eléctrica y otros gastos. Desde 2013, fecha en la que se firmó un convenio con la Federación Canaria de Golf para que gestionara el campo, se ha hecho cargo de la limpieza de las instalaciones y el personal de vigilancia que garantiza la seguridad del centro.
Un informe de los técnicos municipales cifra en algo más de siete millones el dinero que el concesionario debe a la ciudad por los gastos de mantenimiento, impuestos y canon impagados, así como por el incumplimiento de inversiones comprometidas y otras que se quedaron a medio hacer o tuvieron una factura deficiente. Según Martín Muñoz, el Ayuntamiento rescató la concesión del campo de golf en agosto pasado por "imperativo legal, al resultar liquidada la entidad concesionaria por resolución judicial".
Los administradores concursales entregaron las instalaciones al Ayuntamiento el 9 de abril de 2013. Meses después de la suspensión de pagos de 2010, la administración concursal autorizó al empresario canario Luis Hernández para que gestionara el complejo, hasta que en julio de 2012 le requirieron a abandonar las instalaciones. Hernández finalmente renunció a la explotación en diciembre de dicho año. Ahora la administración concursal reclama al municipio una indemnización que compense la inversión realizada porque apenas ha disfrutado una parte de los 50 años de la concesión.
"Es cierto que sin tasación alguna, la administración judicial nos solicitó más de 13 millones", señaló Martín Muñoz, "por ser ese el importe del crédito otorgado por Caixa Bank" a la empresa concesionaria, una cantidad que "evidentemente el Ayuntamiento desestimó; pero también es cierto que esa cifra la redujeron a 9.464.249 cuando solicitaron una tasación en abril de 2014. Tampoco el Ayuntamiento la aceptó y por ello, estamos en mediación. Como no hay acuerdo en el valor la administración concursal y el ayuntamiento hemos acudido a la figura del mediador judicial, que ya está designado". La reclamación de la administración concursal, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento, ha dado lugar a un procedimiento judicial en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas.
