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Sesión de gobierno en el muelle

La Luz consigue el respaldo del Estado a los acuerdos para recuperar la estiba

Los informes jurídicos avalan la legalidad del pacto por el que las empresas de carga y descarga retiran los pleitos sobre la privatización de la actividad

La Luz consigue el respaldo del Estado a los acuerdos para recuperar la estiba

La Luz consigue el respaldo del Estado a los acuerdos para recuperar la estiba

"Hoy es un gran día". Lo certificó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, al término del consejo de administración celebrado en La Luz. Una sesión en la que se aprobó, "por unanimidad" y con el respaldo del Estado el acuerdo suscrito entre empresas, administración y Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) para retirar los pleitos cruzados en el negocio de los contenedores y garantizar la viabilidad de la gestora, privatizada en 2011. Se cierra así un año largo de enconadas negociaciones, que ahora deben dar paso a un ajuste de costes en el sector y a una labor de promoción del propio Puerto, que tratará de captar clientes en Sudamérica.

Ibarra, como es habitual, compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta de lo discutido en el consejo. Sin embargo, en esta ocasión no apareció sólo: le acompañaron dos vocales en el órgano de gobierno de La Luz, Miguel Rodríguez (portavoz de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios) y José Juan Ramos, presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport). Patronal y trabajadores arroparon de este modo al presidente, que calificó la fecha de "histórica". Tanto, que Ibarra, a unos pocos meses de la elecciones (y la posterior renovación de cargos en el muelle), sentenció que "ahora sí que me puedo ir tranquilo".

Llegar a este punto no ha sido sencillo. El Puerto había acordado dar facilidades de pago a la Sagep para que pagara unos ocho millones de euros de un préstamo concedido por La Caixa, cuyos avales ha venido liquidando la administración. Pero precisaba del visto bueno del Estado. Así, se requirieron hasta cuatro informes jurídicos: de Intervención General, de los servicios jurídicos de la propia Autoridad Portuaria, de la Abogacía del Estado en Las Palmas y de la Abogacía del Estado en Madrid, que exigió, como requisito ineludible, que las empresas estibadoras aportaran garantías personales. Algo que las compañías aceptaron este mismo martes, en una reunión en la que no faltaron Ibarra, los estibadores y la patronal Fedeport.

Salvado el obstáculo, el consejo de administración, en el que están representados la Abogacía del Estado y Puertos del Estado, dio luz verde a la última versión del documento. En este acuerdo se contemplan las citadas facilidades de pago a la gestora, pero también el desistimiento de pleitos en los que ya incluso hay sentencias en primera instancia. Así, la Sagep, antigua Sestiba, retira una denuncia por 28 millones de euros contra la Autoridad Portuaria; y la estibadora La Luz Market no continuará con el procedimiento en el que se ha reconocido que las cuentas de la sociedad, privatizada por imperativo legal en 2011, no respondían a su imagen fiel. Una causa que, de seguir adelante, podía dejar a la entidad incursa en causa de disolución o en pleno proceso concursal, según subrayó Ibarra.

Además, cada una de las estibadoras que integran la gestora, Opcsa, La Luz y La Luz Market, reconocen en sus balances individuales las cantidades que adeudan al Puerto. La Sagep mantiene una deuda histórica de unos 14 millones de euros, que llegó a superar los 20 en 2007, y que se ha ido reduciendo gracias a un plan de viabilidad en el que cada compañía paga una cuota fija para compensar esta rémora. Dicho plan se reconfirma en el pacto, así como el retorno de La Luz Market al consejo de administración de la Sagep.

Este ha sido el contexto judicial de la estiba en los últimos años, en los que el movimiento de contenedores ha caído paulatinamente en los muelles de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En particular, en La Luz. En los últimos cuatro ejercicios se ha perdido un tráfico de 440.000 contenedores. Hoy, la capital grancanaria, Lanzarote y Fuerteventura mueven en torno al millón de containers anuales. Para recuperar el sector, sellado el acuerdo con el visto bueno del Estado, se programan dos acciones fundamentales: el ajuste de los costes y la reactivación del Puerto como un enclave que ya no es conflictivo.

En el primer punto se llegó a anunciar una reducción salarial de entre el 20 y el 30%. En septiembre, de hecho, los portuarios esperaban cerrar el 2014 con 75.000 jornales, lo cual obligaba prácticamente a una reducción de plantilla en medio centenar de efectivos. Pero desde entonces el contingente de estibadores se ha reducido de 511 a 469 trabajadores (con mecanismos como las prejubilaciones). Y el 2014 se pudo cerrar con 87.000 jornales. Así, el conflictivo ajuste de costes no parece serlo tanto, según dio a entender el portavoz del sindicato, Miguel Rodríguez, quien reiteró, no obstante, que "estamos dispuestos a una reducción salarial si hay un aumento de la actividad".

Rodríguez, que, como Fedeport y la patronal de consignatarios había instado a las empresas a llegar a un acuerdo urgente para reactivar el negocio, indicó además que "en los dos últimos años la promoción de este Puerto ha estado prácticamente parada". Y sugirió como posibilidad de futuro la captación de nuevos tráficos en las exportaciones de fruta de Sudamérica. Ibarra ratificó este objetivo. De hecho, anunció que la Autoridad Portuaria acudirá junto a Puertos del Estado a una próxima feria logística a celebrar en abril en Río de Janeiro, en Brasil, para tratar de posicionar a la Luz como receptor de estos nuevos movimientos de mercancías.

En lo que atañe a la negociación que aparece en el horizonte con los trabajadores la patronal tiene la misma hoja de ruta. José Juan Ramos, presidente de Fedeport, recordó que en la Sagep "existe un plan de viabilidad", y que será en ese contexto en el que se negocie un nuevo convenio colectivo y la citada reducción de costes, que ahora podrá ser "real y efectiva" en el seno de la sociedad. El Puerto, por su parte, espera en 2015 aumentar de 560.000 a 570.000 los contenedores en transbordo.

La antigua Sestiba pone fin a un complejo devenir histórico en el que las compañías estibadoras se han mostrado muy activas en los tribunales. Todo, a raíz del proceso de privatización emprendido en torno a la gestora, que se cerró en 2011. Ahora se alcanza un pacto definitivo, que llega justo cuando el Tribunal de Luxemburgo ha emitido una sentencia en el que declara que el modelo español de la estiba no respeta los principios fundacionales de la Unión Europea, al obligar a las empresas foráneas a integrarse en una Sagep y contratar a sus estibadores. Entre tanto se aclara el marco legal, el acuerdo en La Luz adquiere aún una mayor relevancia.

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