"Coordinadora continúa con el mismo discurso: mantiene su disposición al diálogo, pero se equivoca quien suponga voluntad sindical alguna de aceptar propuestas que hipotequen el futuro de la profesión". Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, ha posicionado al colectivo ante la inminente reforma legal que debe afrontar la estiba en España. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, emitida el pasado diciembre, obliga al Estado a modificar un modelo que considera contrario a los principios de la Unión Europea. En consecuencia, la carga y descarga deberá adecuarse al marco legal comunitario.
El fallo, con fecha de 11 de diciembre, tumba el modelo español por obligar a las compañías foráneas a estar adscritas a una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (las Sagep, que sustituyeron a las Sestiba que estaban participadas por las administraciones portuarias); y por obligar a contratar a sus estibadores, que hasta la fecha han funcionado en un régimen de pull, al que recurren las distintas empresas de cada gestora. El tribunal incluso sugiere la adopción de fórmulas alternativas, como empresas de contratación temporal dentro del sector.
En este contexto, el tinerfeño Antolín Goya, uno de los primeros espadas del sindicato mayoritario en España, advertía ayer en un comunicado difundido por Coordinadora que el colectivo "continúa con el mismo discurso que pactó con la ministra Ana Pastor y con José Llorca, presidente de Puertos del Estado; mantiene su disposición al diálogo y a elaborar una respuesta conjunta a la Comisión Europea de defensa del sistema portuario español". Pero no sin matizar que "se equivoca quien piense que la disposición al diálogo supone voluntad sindical alguna de aceptar propuestas que hipotequen el futuro de la profesión".
"No admitiremos medidas transitorias ni indemnizaciones colectivas que abran la puerta a regímenes que mermen los derechos de los estibadores que vendrán", manifestó Goya, para añadir que "nos conoce poco quién piense que luchamos sólo por las condiciones laborales actuales; lo que perseguimos es dignificar la profesión y que esta se desarrolle en condiciones óptimas, sin límite temporal".
Esta reforma inminente del modelo español se debate justo cuando el Puerto de Las Palmas acaba de cerrar un complejo proceso de denuncias cruzadas en el seno de su Sagep. Los operadores locales han calificado de "crucial" este acuerdo, aprobado para acabar con los pleitos en torno a la privatización de la antigua Sestiba.
