Los propietarios de la residencia Trinidad, que fueron juzgados el pasado octubre por 18 delitos contra la integración moral y un abuso sexual de los ancianos del centro cerrado en 2011, esperaban su sentencia absolutoria, que fue dictada el pasado lunes por el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Los hermanos Álvaro y Jesús María Calahorro Domínguez manifestaron que confiaban mucho en la justicia. "Estamos muy contentos, lo esperábamos así, siempre nos hemos considerado inocentes de todo lo imputado y todo esto fue una guerra que se montó dentro de la empresa a partir de una trifulca con una parte de los trabajadores", subrayaron.
Uno de sus abogados, Ángel Luis Calonge, valoró ayer de forma muy positiva el fallo dictado por la magistrada María Gabriela Ramos, y lo calificó como "éxito total" tanto para él como para el otro letrado de la defensa, Marcos Gabriel Díaz, pues "en la sentencia la jueza vislumbra que todo esto es posiblemente un problema laboral" entre los trabajadores entonces y los propietarios, tras la necesidad de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE).
Recurso de apelación
La sentencia aún no es firme, pues cabe el recurso de apelación del fiscal en un plazo de 10 días, que sólo serviría, según indicó Calonge, para "expandir en el tiempo la agonía de estas personas" y es "inviable". El letrado apuntó que los hermanos Calahorro Domínguez sufrieron "un juicio mediático paralelo" mucho antes de que se celebrara la vista oral el pasado 7 de octubre de 2014, y especialmente ya desde mayo de 2011, cuando el caso salió en un programa de Mercedes Milá en Telecinco, donde supuestamente se veía la precariedad de condiciones alimentarias, higiénicas y sanitarias. Después vino la denuncia del Ministerio Fiscal y el cierre del centro decretado por el Juzgado de Instrucción nº 7.
"Mis representados se vieron muy afectados por el tema, que de la noche a la mañana pasaron de ser unas personas que trabajaban en una residencia, no eran ricos ni nada, a la más absoluta miseria, y además a ser considerados como una especie de parias de la sociedad, porque los medios incluso se cebaron con ellos", explicó Calonge. Al igual que la defensa, tras examinar los numerosos testimonios de los testigos, la jueza concluyó que existen "manifiestas contradicciones" entre lo que expresaron una parte de los empleados de las residencia y los familiares de los residentes, que aseguraron que no vieron signos de maltrato, de desnutrición en ellos ni tampoco gran suciedad en las instalaciones. Tampoco hubo pruebas de cargo que demostraran que los dueños cometieron abusos sexuales.
La prueba pericial fue otro factor determinante en la decisión final de la jueza. La médico forense, Eva Bajo, y dos doctores del Servicio Canario de Salud, Clara María Rodríguez y Andrés Ballesta, coincidieron en que no hubo señales o "indicadores de malos tratos o abusos por acción o por omisión".
