Patronales, empresas e inversores ejercieron hasta el verano del año pasado una fuerte presión para que el Gobierno aprobara una reforma legal considerada como necesaria para fomentar la actividad económica en los puertos del Estado. El sector privado quería ampliar el plazo de ocupación de los suelos en los recintos de los 35 a los 50 años. Una medida que aumenta la capacidad de las compañías para amortizar costes e inversiones en los espacios que les asigna la administración, y que les permite desarrollar sus planes de negocio en un mayor intervalo de tiempo, sin tener que renovar sus permisos. El Ejecutivo del Partido Popular accedió a la demanda, e incluyó esta ampliación de los plazos concesionales dentro de sus medidas urgentes para fomentar la competitividad en 2014. La Autoridad Portuaria de Las Palmas cerrará el próximo 6 de julio el plazo para acogerse a esta medida.
Aunque, de momento, y según confirmaron fuentes del Puerto, ninguna empresa ha presentado una solicitud formal en este sentido. Desde La Luz se aclaró que "varios interesados se han dirigido oficiosamente recabando información y consulta. Pero en los términos dispuestos en la ley, es decir, aportando la totalidad de la documentación exigible, nadie".
La ampliación de los plazos concesionales se incorporó a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Puertos del Estado hizo público la pasada semana el procedimiento que deben seguir las compañías interesadas en extender la ocupación de sus suelos, al que se ajusta la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Una disposición transitoria añadida a la Ley de Puertos del Estado impone el establecimiento de un periodo definido para llevar a cabo estos trámites, que en el sector privado se consideran cruciales para consolidar los negocios de mayor volumen en los muelles.
Valoración independiente
Los tiempos que marca la ley concluyen en la citada fecha del 6 de julio. La normativa vigente impone que "será necesario que una empresa independiente realice la valoración de la concesión en todos los expedientes de ampliación del plazo inicial" de las ya existentes. Esto es, lo mismo que ya se contemplaba en aquellos casos en los que una compañía pida una ampliación extraordinaria de sus derechos de ocupación. Estos los adjudica el consejo de administración de cada Puerto, en función de las solicitudes formuladas por las propias empresas. El Estado también recomienda a cada una de sus autoridades portuarias que clasifique sus concesiones vigentes, teniendo en cuenta, entre otros factores, el nivel de inversión de las empresas instaladas en sus dominios. Este es un factor esencial, al que se da especial importancia a la hora de considerar la ampliación de 35 a 50 años. Dicho de otro modo, el Gobierno central sugiere que se facilite la consolidación de las compañías con volúmenes de actividad más relevantes para los muelles.
El interés privado
Los promotores privados aguardaban con notable interés la entrada en vigor de este incentivo. En el caso de La Luz, la familia Kiessling, dueña de Loro Parque en Tenerife, había anunciado públicamente que la ampliación de los plazos concesionales era indispensable para sus planes en el Puerto de Las Palmas: la construcción del acuario Poema del Mar, que está en fase de obtención de permisos en la administración. De hecho, esta inversión, que ronda los veinte millones de euros, no se confirmó formalmente hasta después de que el Ministerio de Fomento ratificara el año pasado la extensión a 50 años de los derechos de ocupación.
El sector privado en La Luz, en general, mantiene su interés en acogerse a estos beneficios, si bien las solicitudes obligarán a una revisión pública de sus modelos de negocio y su impacto en el recinto. Dentro de la administración se considera que la medida puede tener, igualmente, una repercusión positiva "en lo que se refiere a la estabilidad de la continuidad en la presencia de los operadores portuarios en nuestro recinto, viabilizando su cuenta de resultados al permitir una amortización a más largo plazo de sus inversiones".
El Puerto podrá exigir a las compañías que soliciten acogerse a esta medida sus memorias de actividad comercial y el objeto de la extensión del plazo concesional que se solicita. Eso sí, si responde negativamente tendrá que argumentar los motivos, según establece el Ministerio de Fomento.
"Si la Autoridad Portuaria considerase que procede denegar la ampliación solicitada deberá motivar adecuadamente tal propuesta, dando la correspondiente audiencia al solicitante", se apunta en las recomendaciones que ha hecho públicas Puertos del Estado. "Dicha resolución", se añade, "se someterá a la decisión del consejo de administración, que adoptará la decisión correspondiente para su notificación al solicitante". De momento, las compañías no han movido ficha de forma oficial, pero se abre un periodo de notable importancia para la consolidación de distintos negocios portuarios en el futuro.
