La Audiencia de Las Palmas ha condenado a siete años de cárcel a un hombre que abusó de su hijastra cuando esta tenía nueve años, una niña que, como consecuencia de estos hechos, sufre un transtorno depresivo.

La sentencia considera probado que Francisco Javier R.S., de 46 años, abusó sexualmente en el verano de 2006 de una de las hijas de su pareja, a la que introdujo un dedo en la vagina.

Se da la circunstancia de que la niña también padeció abusos sexuales por parte del hijo del procesado, un adolescente que fue condenado por esos hechos el año pasado por el Juzgado de Menores.

La niña mantuvo silencio durante cinco años sobre lo que le había ocurrido, hasta que tuvo que acudir al ginecólogo por sufrir problemas con la menstruación.

El médico le preguntó si había mantenido ya relaciones sexuales y a qué edad, algo que ella se negó inicialmente a contestar. Sin embargo, marcó un "sí" en la casilla del cuestionario que le dio el ginecólogo y confesó al especialista que fue con nueve años.

Sorprendida por lo que había escuchado en la consulta, la madre preguntó a la niña y a su hermana por lo que había pasado y ambas le contaron los abusos que la primera había sufrido por parte de su padrastro y también de su hermanastro.

La Audiencia considera creíble su testimonio, que resulta corroborado por otras pruebas periféricas, como la declaración de su hermana, que supo de los hechos más tarde, pero que recuerda que el día de los hechos la niña se fue a la cocina con su padrastro y regresó llorando y "caminando raro, como si le doliera algo".

Las psicólogas que han asistido a la menor también informaron al tribunal de que esta no quería denunciar los hechos para no volverlos a vivir.

Asimismo, el ginecólogo que la atendió por sus problemas con la menstruación confirmó que la niña confesó en su consulta sus primeras relaciones sexuales tal y como ha relatado su madre.

La sentencia prohíbe a Francisco Javier R.S. acercarse a su hijastra o a su domicilio durante doce años y le condena a pagarle una indemnización de 6.000 euros por daños morales.