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El juez mantiene el control público de Emalsa para garantizar el abasto

"Hay que asegurar la prestación de un servicio esencial", recoge el auto que avala la intervención municipal

El juez mantiene el control público de Emalsa para garantizar el abasto Archivo-LP/DLP

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha dado la razón al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el primer enfrentamiento judicial por la intervención municipal de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa). El magistrado Alfonso Silo ha rechazado la medida cautelar solicitada por la compañía, que reclama la anulación del acuerdo plenario adoptado en marzo de 2014 para prorrogar la intervención de la entidad durante un año.

El auto judicial fue notificado a las partes el pasado martes y establece que "debe primar el interés público" sobre el "particular" de Emalsa, con la finalidad de "asegurar la prestación de un servicio esencial para la comunidad como es el abastecimiento del agua y la red de saneamiento", entre otros argumentos que avalan la iniciativa de Juan José Cardona y de su equipo de gobierno.

Emalsa solicitó el cese cautelar de la prórroga de intervención porque "es capaz de ofrecer un servicio de calidad sin la perturbación del mismo", según sostiene en su recurso, y añade que el mantenimiento de la medida "pone en serio peligro" sus intereses empresariales al afectar a su "buena imagen, reputación y confianza pública en los servicios prestados". Unos argumentos que el juez desestima al apoyarse en un informe del jefe municipal de Aguas. El técnico describe en su dictamen "múltiples irregularidades en la gestión del servicio que afectan a la garantía y continuidad del suministro", así como al stock de capital público, cuestiones medioambientales y sanitarias, el ciclo integral del agua y aspectos jurídicos relacionados con la subcontratación de servicios. Por eso el informe recomienda un sistema de "supervisión diferente", que se ha materializado en la actual intervención.

La entidad mixta, a instancias de los socios privados, acusa al Ayuntamiento de causarle indefensión al adoptar el acuerdo sin seguir el procedimiento previsto, además de obviar la caducidad del expediente inicial de intervención y de vaciarlo de contenido al prescindir del trámite de audiencia. El magistrado no entra en esos motivos de nulidad porque atañen al fondo del pleito y deben ser abordados en la sentencia que ponga fin al pleito. Sólo analiza los intereses en conflicto, y concluye que debe primar el general del consumidor frente a "la reputación comercial e imagen pública de la empresa", entre otros motivos porque el daño que la intervención puede causar a Emalsa sería "fácilmente" evaluable e indemnizable en términos económicos. De ahí la desestimación de la medida cautelar interesada, que es recurrible en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Queda pendiente, por tanto, el resultado de ese probable recurso y, sobre, la sentencia que finalmente avale o no la intervención administrativa de Emalsa. En cualquier caso, ese no es el único frente judicial en el que está inmerso el Ayuntamiento con sus socios privados, Saur Internacional y Sacy-Valoriza.

El alcalde, que preside el consejo de administración de Emalsa en representación del Consistorio, puso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Económicos esas anomalías en la gestión de la entidad, las cuales han acabado en una denuncia por delito societario que es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria.

El regidor abrió un tercer pleito, esta vez en la jurisdicción civil, donde la Corporación ha interpuesto una demanda para tratar de anular el contrato de alquiler de la sede de Emalsa o, en su defecto, aminorar la renta acordada. Ese contrato es, a su vez, uno de los aspectos que se investigan en la causa penal junto a la subcontratación de servicios a Sercanarias, sociedad que pertenece a los gestores privados de Emalsa.

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