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Tres pleitos abiertos entre socios

El interés general está por encima del daño a la reputación e imagen de la entidad mixta

El triple enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus socios privados de Emalsa está lejos de cerrarse. El recurso contencioso administrativo contra la intervención municipal de la compañía sigue en el juzgado de instancia, pues el auto que ha concedido la razón a la Corporación afecta sólo a una medida cautelar, es decir, el juez todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto para resolver si la intervención es legal o no. También está pendiente el juicio civil por el alquiler de la sede, ya que los socios privados han rechazo rebajar la renta y la demanda del Ayuntamiento, por tanto, sigue su tramitación. Algo similar ocurre en la causal penal. El juez Luis Galván y la fiscal Eva Ríos esperan por el informe pericial encargado a tres economistas para determinar si existe o no quebranto económico en la gestión de Emalsa, un daño que es necesario acreditar para que exista delito societario. Por ese tipo penal están imputados 15 consejeros, directivos y técnicos de la compañía, los cuales han comparecido ante el magistrado a petición de la Fiscalía. Manuel Reyes

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