El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto a dos ex cargos municipales de Vivienda y a uno del Gobierno de Canarias que fueron juzgados por una supuesta ilegalidad en la tramitación de una solicitud para recuperar un piso social en la calle Agustina de Aragón.
El fiscal reclamó ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para Yolanda Ventura del Rosario y Dolores López Rodríguez. En 2007, cuando ocurren los hechos, Ventura ocupaba el puesto de directora del Área de Vivienda y de Servicio Sociales del Ayuntamiento, mientras que López era la jefa del Servicio de Vivienda. Ambas, según el fiscal, desestimaron una solicitud presentada para recuperar la casa a sabiendas de que ésta estaba desocupada, pero el magistrado las ha absuelto del delito de prevaricación al considerar que no cometieron esa ilegalidad.
El fiscal acusó igualmente a Juan Francisco Troya Ferrer de revelación de secretos. Se trata del jefe del servicio de Promoción Pública del Instituto Canario de la Vivienda, quien, según el fiscal, avisó a las personas asignadas a la vivienda cuando iban a recibir una inspección. En este caso también ha sido exculpado al entender el juez que no cometió revelación de secretos.
La sentencia, por tanto, da la razón a los abogados de la defensa entre ellos María Rosa Díaz-Bertana, quienes negaron que las resoluciones de las responsables de vivienda fueran arbitrarias y que la información supuestamente revelada sobre la inspección fuera confidencial, es decir, constitutiva de un reproche penal. La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia de Las Palmas.
