La sentencia que acaba de ganar el Ayuntamiento se suma a otra notificada el pasado martes que también le concede la razón en su controversia con Emalsa por la gestión del servicio. Ese fallo, que está emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, legitima la intervención municipal de la compañía para aumentar su control público. Emalsa, a iniciativa de los socios privados, reclamó al juzgado que suspendiera cautelarmente esa intervención administrativa, pues estima que está en condiciones de prestar el suministro de agua sin incidencias y considera que mantenerla le causa un perjuicio a su imagen. Sin embargo, el juez se agarra a las anomalías detectadas por los informes municipales para ratificar la medida mientras estudia el fondo del pleito. Esos informes alertan de graves irregularidades que comprometen la prestación de un servicio esencial para la comunidad. Esas mismas irregularidades son investigadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital. Manuel Reyes
