Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El fiscal exculpa a Larraz de la muerte de un técnico en el dique de La Esfinge

El ministerio público pide el archivo para el director de Obras del Puerto y sólo acusa a un ingeniero de Dragados

La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado que se abra juicio oral por la muerte de Carlos C. Y. en las obras ejecutadas en el Puerto de La Luz para ampliar el dique de La Esfinge. El fiscal sólo acusa a un técnico de Dragados, David Barrio Colongues, al tiempo que reclama el archivo para los otros tres imputados, entre ellos Miguel Ángel Larraz Sierra, director de Obras del puerto de Las Palmas en 2011. El 10 de marzo de ese año falleció Carlos al ser arrastrado por un cajón de hormigón mientras procedía a su colocación junto a dos empleados y cuatro buceadores.

El fiscal delegado en Las Palmas de Siniestralidad Laboral, Pedro Gimeno, reclama tres años y cuatro meses de prisión para David Barrio, al que acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores en concurso ideal con homicidio imprudente, según las conclusiones provisionales remitidas al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular, Javier García García -Sotoca, deberá emplazar ahora al resto de las partes para que expliquen sus posturas al objeto de abrir juicio oral.

En el procedimiento está personada la familia del fallecido como acusación particular. Por eso es probable que el abogado de la familia, Rubén Vallejo, sí formule acusación contra el director de obras del Puerto. De hecho, durante la instrucción de la causa, el letrado ha tratado de acreditar que el accidente laboral está relacionado con problemas económicos de la contrata y otras anomalías en el control de los trabajos, entre ellas la calidad de los materiales empleados. Se trata de las mismas irregularidades reveladas por un informe de Puertos del Estado que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha remitido a la Fiscalía al apreciar indicios de malversación, entre otros delitos relacionados con la ejecución de esos trabajos que son investigados por el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.

La Unión Temporal de Empresas integrada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero obtuvo en marzo de 2007 la adjudicación de la segunda fase del dique por importe de 46,3 millones. El plazo de finalización estaba fijado para 2009, pero la Autoridad Portuaria no recibió la obra hasta 2012. El fiscal alude a ese retraso y a las diferencias entre empresas para contextualizar el accidente que costó la vida a Carlos. Trabajaba para Dragados como jefe de producción y ejercía labores en tierra por su condición de ingeniero topógrafo, pero "por causas no lo suficientemente aclaradas", FCC retiró a su personal, dejó de colocar los cajones y Dragados asumió esa responsabilidad, cuando su socio había puesto los 14 bloques previos. En esa última estructura flotante de 800 toneladas, la número 15, sobrevino la desgracia.

Según el Ministerio Público, David Barrio, "dado el retraso acumulado en la conclusión de la obra y la negativa de FCC a la colocación del último de los cajones", asumió la "responsabilidad" de su finalización y "designó" a Carlos como "jefe de cajón", con la finalidad de "comandar" el traslado del bloque hasta la línea del dique para su fondeo. Barrio "carecía de toda experiencia" para actuar como jefe de equipo porque esa labor la desempeñaba FCC y hasta ese momento trabajaba en tierra: no había presenciado ninguna de las 14 operaciones anteriores.

El fiscal le acusa por contravenir el plan de seguridad y el procedimiento seguido para instalar los cajones anteriores, en concreto por usar dos remolcadores en lugar de tres para alinear y reflotar el enorme bloque de hormigón. También por idear "un sistema de tiro con cabos unido a una retroexcavadora" que dificultó la alineación del cajón, pues en las anteriores operaciones se usaron winches o cabrestantes con cables de acero estalingados, los cuales fueron retirados por FCC al negarse a colocar ese última estructura. De ahí que el ingeniero de Dragados ideara ese sistema. Fue insuficiente.

A esos fallos se sumó una vía de agua en el cajón, que un año antes fue reparado al chocar con otro y perder una de las seis válvulas instaladas para reflotarlo. Todo eso, unido a la falta de experiencia de la víctima y de su superior, motivó que el bloque se fuera escorando hasta hundirse. Carlos saltó igual que los otros trabajadores, pero no llevaba chaleco y fue succionado por la corriente generada al hundirse el cajón de hormigón.

El fiscal considera que Larraz no es responsable del accidente porque carecía de capacidad de decisión en esa obra, no conocía el operativo improvisado por Dragados para finalizarla y tampoco estaba al corriente del defecto en el bloque reparado. Agrega que el funcionario cumplió con las inspecciones y advirtió tanto del "considerable retraso acumulado" como de las "deficiencias" en medios y capacitación del personal.

Compartir el artículo

stats