Puertos del Estado ya tiene un borrador de Real Decreto que presentar a la Comisión Europea, en el que ajusta el modelo de la estiba a la sentencia que el Tribunal de Luxemburgo emitió el pasado 11 de diciembre. Una resolución que declaró contrario a los principios fundacionales de la Unión el marco legal español para la carga y descarga de mercancías. La nueva ley, que no se conocerá hasta finales de este mes, se aguarda con especial interés en La Luz, pendiente de un anunciado ajuste de los costes laborales: los salarios de los estibadores. Pero todo apunta a que esta negociación no se emprenderá hasta que España apruebe una reforma impuesta por Europa.
La sentencia de Luxemburgo tumba el modelo vigente, al considerar que no se podía imponer a las compañías foráneas la adscripción a una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep, la antigua Sestiba) para poder operar en el sector. Ni tampoco recurrir de forma obligatoria a los estibadores de la gestora, que actualmente funcionan en un formato de pull, en el que todas las empresas recurren al mismo personal. La resolución incluso sugiere que las compañías puedan ir a agencias de empleo temporal.
El tribunal, en síntesis, obliga a liberalizar la estiba en España. Y para emprender los cambios dio de plazo justo hasta hoy, 11 de febrero. El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ya ha comunicado los pasos dados para cambiar la ley vigente, y en los próximos días presentará el esperado borrador a la Comisión Europea. Será luego, con las consideraciones que este órgano incorpore, cuando lo presente -por separado- a la patronal (la Anesco) y los sindicatos.
Este proceso afecta de forma directa al negocio en el Puerto de Las Palmas, donde las compañías estibadoras, la Autoridad Portuaria y los trabajadores acaban de sellar un pacto por el que se retiran los pleitos abiertos a cuenta de la privatización de Sestiba, por imperativo legal, en 2011. La paulatina pérdida de tráfico (La Luz ha pasado de mover 1,4 millones de contenedores anuales a un millón en los últimos cuatro ejercicios) y el crecimiento de otros muelles competidores (Algeciras, Sines, Tánger Med...) obligan al sector a mejorar las relaciones con las navieras y captar nuevos clientes, algo en lo que ya trabajan los distintos actores de la estiba. De otro lado, las empresas que conforman la Sagep (Opcsa, La Luz y La Luz Market) consideran, igualmente, que se impone un ajuste salarial, anunciado hace meses, de entre el 20 y 30%.
"Lo que pueda pasar con Europa no nos inquieta para nada", aseguró ayer, Miguel Rodríguez, portavoz de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP). "Tenemos la garantía del Gobierno de que los cambios estarán consensuados", añadió. Y lo cierto es que así lo transmitió esta misma semana Llorca al tinerfeño Antolín Goya, líder nacional del sindicato Coordinadora, en un foro sectorial celebrado en Tenerife. El colectivo de portuarios entiende que el tribunal de Luxemburgo manifiesta en su resolución un "desconocimiento" del modelo español, esencialmente en lo que atañe al carácter exclusivamente privado de las diferentes Sagep en el país.
Rodríguez, por su parte, valoró que el recorte salarial en el Puerto de la capital grancanaria "es algo de lo que se habla por pura inercia. Hasta ahora no se ha fundamentado en ningún informe serio, y nosotros hemos reducido nuestra plantilla en 50 efectivos". Es más, indicó que "si alguien tiene interés por firmar un nuevo convenio, somos los estibadores, porque sí nos gustaría incluir otras actividades que se desarrollan en este Puerto y que no realizamos nosotros".
En este punto, aludió a los nuevos tráficos que ha atraído el recinto en los últimos años: "Creemos que tenemos que manejar los movimientos que acarrean plataformas petrolíferas y cruceros, por ejemplo", apuntó. Buques cuya estiba desempeñan en mayor medida sus propias tripulaciones o personal contratado al efecto. "No puede ser", agregó, "que se dejen pasar de largo estos tráficos cuando tenemos una plantilla profesional y preparada".
La Luz cuenta en la actualidad con 469 estibadores, que no serán los únicos afectados por el fallo de Luxemburgo. En el conjunto del territorio nacional se contabilizan alrededor de 6.000. Tanto el colectivo de portuarios como las compañías estibadoras aguardan el nuevo escenario.
