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Un juez decidirá si anula el acuerdo de anexión de San Lorenzo

Una asociación reclama la anulación de la anexión ilegal del pueblo a la capital en 1939

Un juez decidirá si anula el acuerdo de anexión de San Lorenzo

Un juez decidirá si anula el acuerdo de anexión de San Lorenzo

La anexión del municipio de San Lorenzo a Las Palmas de Gran Canaria a principios de la dictadura franquista vuelve a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo contra la anexión a punta de pistola del municipio, convertido desde 1939 en un distrito de la capital grancanaria. La asociación reclama que el antiguo pueblo recupere el carácter de demarcación independiente que perdió hace ya 76 años.

La asociación se dirigió primero, en el año 2009, al Gobierno de España para que el Consejo de Ministros declarase nulo el acuerdo de anexión, pero sólo recibió la callada por respuesta. La siguiente demanda la dirigió al Tribunal Supremo unos meses después y pidió la nulidad del acuerdo del consejo de ministro del 9 de noviembre de 1939 que hizo posible que San Lorenzo fuera absorbido por Las Palmas de Gran Canaria.

José Miguel Dumpiérrez, presidente de la asociación por la independencia de San Lorenzo, explicó ayer que se dirigieron al Supremo, ante el silencio administrativo del Gobierno de España, porque es sólo este alto tribunal el que "tiene competencias para anular las decisiones adoptadas por el consejo de ministros".

No obstante, el Supremo dio carpetazo a la demanda el 10 de diciembre de 2012. La desestimó sin entrar en el fondo del asunto, al considerar que tras la llegada de la democracia las competencias en materia de revisión de las anexiones o segregaciones de municipios ya no corresponden al Gobierno central sino a las comunidades autónomas. Y en el caso concreto de Canarias, son los cabildos los que tienen la función de pronunciarse sobre estos asuntos.

Tras la decisión del Supremo, la asociación se dirigió al Cabildo de Gran Canaria, al que solicitó que declarase nula la independencia de San Lorenzo, pero la institución insular también respondió con el silencio administrativo, por lo que los segregacionistas presentaron otra demanda ante los tribunales canarios.

Dumpiérrez recordó que la anexión se produjo en plena guerra civil y añadió que el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica establece que las resoluciones administrativas que se adoptaron durante la Guerra Civil española contra las instituciones democráticas son nulas.

El profesor e historiador Juan Francisco Santana, también miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de San Lorenzo, recuerda que los hechos que dieron lugar a la desaparición del municipio se iniciaron en 1937, en plena contienda civil. En ese año, el entonces gobernador civil, Antonio García López, nombrado a dedo por los militares franquistas que se sublevaron contra la República, se reunió en su despacho de la capital con el entonces alcalde Antonio González Cabrera y cinco concejales, a los que obligó a firmar la anexión de San Lorenzo a Las Palmas de Gran Canaria.

A punta de pistola

Juan Francisco Santana que ha escrito varias obras sobre esta turbulenta época de San Lorenzo explica en ellas que la firma del alcalde y cinco concejales se produjo a punto de pistola.

El gobernador, recuerda Santana en su obra Estudio microhistórico de San Lorenzo, sacó su pistola y la puso sobre la mesa para atemorizar a los ediles, que finalmente estamparon su firma. Dumpiérrez recalca que la anexión es ilegal porque además de conseguir, mediante la amenaza, el consentimiento del alcalde y cinco ediles, se incumple la legislación de aquella época que exigía un acuerdo plenario con el voto de al menos trece concejales ratificando la desaparición del municipio y "sólo lo aprobaron siete ediles".

El Cabildo de Gran Canaria publicó ayer un anunció en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el que emplaza a "todos los posibles interesados en el expediente administrativo" para que se personen en el proceso en concepto de "codemandados", en el plazo de nueve días hábiles, a partir de su salida en el BOP.

Entre los posibles interesados en el expediente figura el Ayuntamiento de la capital grancanaria, municipio al que se anexionó San Lorenzo.

El propio consistorio capitalino reconoció por unanimidad en un pleno celebrado el 27 de julio de 2007, recién llegado al cargo el entonces alcalde, Jerónimo Saavedra, que San Lorenzo fue agregado al municipio capitalino a "punta de pistola". En esta declaración institucional, el Ayuntamiento capitalino reconoció la aportación histórica del municipio de San Lorenzo a la capital grancanaria. "Todas las instituciones reconocen que la anexión fue ilegal, pero nadie resuelve esta injusticia", sostuvo José Miguel Dumpiérrez.

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