El Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria ha citado como imputados a nueve altos cargos y exconsejeros del Cabildo por un supuesto fraude en la gestión de los centros de menores en desamparo, entre ellos Pedro Quevedo, actual concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diputado nacional por Nueva Canarias (NC).
Quevedo, que ha revalidado su condición de edil en las últimas elecciones, fue consejero de Política Social en el Cabildo entre 2007 y 2011, periodo al que se suscribe la denuncia presentada por Rafael Ramírez, exjefe de Asuntos Sociales. El entonces técnico insular reveló al final del mandato un "despilfarro" de dos millones en las ayudas concedidas a las ONG para gestionar los centros de menores en 2009 y 2010, pues se subvencionaban plazas que no se correspondían con las realmente ocupadas en los centros (en esos años se habilitaron unas 550 plazas por las que se pagaban entre 60 y 80 euros diarios, pero unas 100 de ellas estaban desocupadas, según el denunciante).
La denuncia de Ramírez ha sido archivada dos veces por la magistrada instructora, Ana Isabel de Vega, pero la Audiencia de las Palmas ha ordenado la reapertura del caso al estimar el recurso de apelación presentado por la abogada Pino López. De ahí las citaciones de los imputados para los próximos lunes y miércoles.
Entre los emplazados, además de Quevedo, figuran la exconsejera de Recursos Humanos y Organización Teresa Mayoral Fernández (PSOE); los exdirectores generales Antonio Gil Díaz y Francisco Hurtado Rodríguez; el interventor de la Corporación, José Juan Sánchez Arencibia; el exsecretario Sergio Ramírez Rivero; los jefes del servicio de Menores Juana María Sánchez Rodríguez y Francisco Javier Pérez Montesdeoca, y el funcionario José Juan Marín Hernández. Ninguno de ellos ha declarado hasta la fecha como imputado porque la juez no ha visto indicios de malversación.
De hecho, Ana Isabel de Vega decretó el "sobreseimiento libre" de las actuaciones el 25 de noviembre de 2013. En ese auto, la magistrada admite que los convenios con los centros de menores son "deficientes", pero niega la existencia de datos (más allá de las cantidades fijas) que apunten a un fraude o malversación de caudales públicos. La Sección Sexta de la Audiencia, en cambio, revocó el pasado 26 de marzo el archivo de la causa al considerar insuficiente ese argumento.
"Entendemos que la instrucción no está agotada y deben practicarse las pruebas interesadas por el denunciante", asegura el ponente de la resolución, Carlos Vielba, que firma el auto de apelación junto a Salvador Alba y Emilio Moya, presidente este último de la Audiencia de Las Palmas y de la Sección Sexta. Esas pruebas no son otras que la declaración como imputados de los responsables de esas partidas.
Coste real del servicio
La Sala replica al Juzgado de Instrucción que los datos son "incontestables", pues la denuncia de las deficiencias se formuló en 2009 y los convenios se prorrogaron para el año siguiente. Los magistrados destacan que se asignaban cantidades "alzadas" con "independencia" de la ocupación real del centro, cuando "la lógica y la ley" imponen que los ingresos deben corresponderse con las plazas efectivamente ocupadas. El tribunal, además, rechaza que un coste del servicio superior a la ayuda concedida excluya por sí mismo el posible delito, que era otro de los razonamientos empleados para sobreseer la investigación en noviembre de 2013.
Antes, a finales de 2011, la Sección Segunda ordenó la reapertura parcial del caso tras el primer sobreseimiento: entonces se sacó el acoso laboral y la instrucción se centró en los convenios suscritos con ONG y ayuntamientos. La Fiscalía de Menores también investigó y descartó indicios de delito.
