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El fiscal deja el supuesto fraude en la obra de La Esfinge en manos del juez

García-Sotoca asume la investigación al admitir la denuncia del exgerente de Sestiba

Javier García García-Satoca

Javier García García-Satoca J.C. CASTRO

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asume la investigación por prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos en la ejecución de la segunda fase del dique de La Esfinge, una obra adjudicada en 2007 por 46,3 millones y recepcionada en 2012 que, tras varios años de retrasos e irregularidades, tiene enfrentada a la Autoridad Portuaria con su anterior directiva.

La Fiscalía de Las Palmas ha remitido sus pesquisas al órgano judicial porque el magistrado instructor, Javier García García-Sotoca, recibió la semana pasada una denuncia por los mismos hechos que investiga el ministerio publico. De ahí la resolución adoptada por el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales, que abrió sus diligencias en diciembre del año pasado, tras los informes remitidos por Luis Ibarra, presidente del organismo portuario. Juez y fiscal se reunieron el martes y llegaron a la conclusión de que era necesario unificar criterios para evitar investigaciones paralelas.

García-Panasco prorrogó seis meses más sus pesquisas el pasado 12 de mayo, al agotar el primer plazo, al tiempo que amplió la investigación al dique Sur del puerto de La Luz y de Las Palmas (a la altura del parque San Telmo), una obra de 13,1 millones adjudicada por la Autoridad Portuaria también en 2007. Ese expediente administrativo y el de la segunda fase de la Esfinge son los que ayer remitió la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 7.

García-Panasco, aparte de solicitar esa documentación, le ha tomado declaración en calidad de testigos a Ibarra y su antecesor en el cargo, Javier Sánchez-Simón, quien, a su vez, denunció al ente público al considerar que había perdonado de forma ilegal las penalizaciones impuestas a las constructoras por los retrasos y anomalías en la prolongación del muelle exterior (la obra fue encomendada a una UTE integrada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago).

Asimismo interrogó al gerente de la UTE y al delegado en Canarias de FCC, Juan Madrigal, que señaló a Sánchez-Simón y dos de sus directivos por "mermar" los derechos de su empresa en la ejecución de ese contrato. Morales sostiene que para hacer el dique, ahora rebautizado como Nelson Mandela, se emplearon bloques de hormigón fabricados por Lopesan y Acciona, compañías adjudicatarias del dique Sur, una obra que nada tenía que ver con La Esfinge (este proyecto incluía un presupuesto específico para la elaboración de los cajones. De ahí la supuesta merma de derechos).

Pruebas

La denuncia que tramita el juzgado se centra, precisamente, en ese traslado de bloques del dique Sur a la Esfinge, así como en la realización de obras no contempladas en el contrato, la supuesta falsificación de certificaciones para cobrar esos trabajos y un posible fraude en la gestión de las ayudas concedidas por la Unión Europea para realizar las infraestructuras (el 80 y 85 % de las obras se pagaron con fondos de Cohesión y Feder).

El denunciante es Jesús Olivares, exgerente de Sestiba, la sociedad que se encarga de la carga y descarga en el Puerto. Olivares alude a los mismos documentos que investiga el fiscal para fundamentar su denuncia (no aporta ninguno), entre ellos un informe de Fedeport y, sobre todo, los estudios realizados por Trama Ingenieros, que fueron realizados a petición de la Autoridad Portuaria para verificar la ejecución de los proyectos.

Según esos informes, la obra de La Esfinge se inició con un error de medición en los bloques necesarios para el relleno del dique que ascendía a cinco millones, pero no se modificó el contrato para solventar el problema, sino que se corrigió con bloques de acopio y elaborados por las empresas del dique Sur (hubo que acortar su longitud respecto al proyecto original debido a la existencia de un pecio). El denunciante responsabiliza a Sánchez-Simón de autorizar esos cambios, así como al exdirector del Puerto José Daniel López y al exjefe de Obras Miguel Ángel Larraz, y pide que se les tome declaración en calidad de imputados al ver indicios de malversación, entre otros delitos y medios de prueba propuestos.

La citación o no de los denunciados es una de las cuestiones que deberá abordar el juez en su investigación. A su favor tiene que ya conoce los entresijos de la segunda fase de la Esfinge, pues se trata del mismo magistrado que ha instruido la causa por la muerte de un técnico durante la colocación del último cajón del dique. Por ese procedimiento ha abierto juicio contra la Larraz, entre otros acusados. El fiscal adscrito a ese juzgado, Pedro Gimeno, pide la absolución para el exjefe de Obras del Puerto, pero la acusación particular reclama cárcel. De ahí que vaya a juicio.

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