El reparto de áreas en el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria provocó este martes las primeras discrepancias entre PSOE y NC, por un lado, y LPGC Puede por el otro. Los primeros dieron a conocer un documento con la distribución de competencias entre las tres fuerzas políticas. Sin embargo, la asamblea de LPGC Puede aprobó las bases del programa de gobierno municipal con socialistas y nacionalistas, no abordó el asunto. Por la mañana, los negociadores de LPGC Puede trataron de introducir cambios en ese reparto, pero PSOE y NC se negaron.

Los tres partidos ya habían llegado al acuerdo de que el nuevo alcalde de la ciudad será el socialista Augusto Hidalgo, como candidato más votado, con la primera tenencia de Alcaldía para Javier Doreste, el cabeza de lista de Las Palmas de Gran Canaria Puede; y la segunda para Pedro Quevedo, el líder local de NC.

Las Palmas de Gran Canaria Puede, coalición de la que participan Podemos, Equo y Ganemos, entre otras formaciones políticas, sometió durante la tarde-noche este acuerdo a votación en asamblea, obteniendo la propuesta un "sí mayoritario", según se recoge en el Twitter de LPGC Puede. Por su parte, el PSOE y Nueva Canarias discutirán el pacto en sus respectivos órganos de gobierno entre el miércoles, y el jueves.

"Espero que este preacuerdo sea ratificado por todas las partes y que estemos a la altura de las circunstancias", asegura el candidato a alcalde Augusto Hidalgo, que sostiene que no ha habido "en toda España un proceso de negociación" como el que ha derivado en el pacto firmado por su partido con LPGC Puede y Nueva Canarias.

Si el acuerdo se ratifica tal como ha sido pactado, el PSOE tendrá bajo su responsabilidad la alcaldía y concejalías de gobierno, LPGC Puede dirigirá cuatro áreas y NC gestionará una.

En manos del PSOE quedan las concejalías de Fomento, Servicios Públicos y Aguas; Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes (área que incluye el departamento de personal); y Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, así como el departamento de Hacienda y Economía, dependiente del alcalde.

La coalición que lidera Podemos dirigirá Urbanismo, Agricultura y Ganadería (área que incluye vivienda), Sostenibilidad, Barrios y Participación Ciudadana y Cohesión Social e Igualdad.

Finalmente, Nueva Canarias se ocupará del un departamento con competencias en Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, con atribuciones también sobre playas y mercados municipales.

En los distritos, el PSOE presidirá las juntas de los barrios de Ciudad Alta y Vegueta-Cono Sur Tafira, NC encabezará la junta de Guanarteme-Puerto-Canteras y LPGC Puede estará al cargo del centro de la ciudad y del barrio de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

"Los ciudadanos nos dijeron que teníamos que hablar. Y dieron votos de representación a las fuerzas de centro izquierda. Ahora solo falta rematar lo que puede ser un gobierno de progreso para la ciudad", defiende Augusto Hidalgo, en un comunicado.

Su socio de Nueva Canarias José Eduardo Ramírez defiende, a su vez, que la negociación para formar este gobierno municipal en Las Palmas de Gran Canaria ha sido "histórica" y ha permitido cerrar "medidas de gobierno potentísimas", como "un plan de rescate ciudadano, una oficina antidesahucios y un plan de empleo".

En el pacto que han firmado hoy, PSOE, LPGC y Nueva Canarias anuncian su intención de "no trabajar con entidades bancarias que practiquen desahucios en primeras viviendas sobre deudores de buena fe" y poner en marcha programas de "mediación" en conflictos por deudas hipotecarias.

En cuanto a los servicios públicos, anuncian que en aquellos cuya gestión "ya está privatizada" (como el abastecimiento de agua y saneamiento, en manos de la empresa Emalsa), "fiscalizarán" el cumplimiento" de las obligaciones de los concesionarios con la ciudad y velarán por que "su gestión resulte óptima".

En el caso concreto de Emalsa, establecerán un "sistema de control y supervisión" de su gestión, harán públicas las auditorías que se han realizado a este servicio y crearán una "bonificación social" para aquellas familias en peor situación económica.

Asimismo, en las licitaciones que realice el Ayuntamiento, se "contemplarán criterios de discriminación positiva para aquellas empresas que planeen criterios ecológicos y sociales, que garanticen la creación de empleo y el mantenimiento de los salarios, así como para las que ofrezcan mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores y las que respeten los convenios colectivos sectoriales".

También se declaran dispuestos a "iniciar gestiones" para recuperar para la ciudad los terrenos de la Base Naval y de la zona militar de La Isleta.