El cierre del Muelle Deportivo durante las madrugadas de los fines de semana y festivos, y por consiguiente el de la terraza Sotavento entre las 00.00 y las 05.00 horas sigue enfrentando a las partes involucradas. A la decisión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se une ahora una denuncia realizada por el empresario del ocio nocturno José Juan Castellano, que ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Delegación del Gobierno en Canarias al entender que en el local se lleva a cabo una actividad de discoteca y no de bar-terraza como tiene permitido, supera el nivel de ruido permitido, sobrepasa el aforo de forma repetida y no cumple los horarios reglamentarios. Asimismo, la denuncia va dirigida al propio Consistorio al presuntamente cometer una irregularidad en la licencia.
En la documentación, que está dirigida contra la empresa t itular de la licencia de apertura y contra Antonio Márquez como representante de la terraza, se detallan las supuestas ilegalidades que se cometen en el interior del negocio. Entre los argumentos que Castellano presenta se encuentra sobre todo los relacionados con la actividad que se desarrolla en el negocio, calificado por la licencia municipal como "bar-terraza con música ambiente". En este punto, el denunciante asegura que el espacio es utilizado como "discoteca o sala de fiesta". Para afianzar esta opinión, presenta varias fotografías publicada en la cuenta de Facebook del local en las que se puede apreciar una gran aglomeración de personas, así como distintos djs y bailarinas.
Para refrendar que en el lugar no se desarrolla una actividad de bar-terraza, José Juan Castellano solicitó un estudio acústico a la consultoría Acústica Insular, del ingeniero técnico industrial Pedro Luis Jiménez, que se personó en la dársena el pasado 19 de julio, entre las 02.39 y las 03.01 horas, para tomar las mediciones. Estas arrojaron un promedio de 68,6 decibelios a 30 metros de la terraza, 65,1 a 50 metros y 61,6 a 80 metros. Todos estos registros, que han sido realizados con la presencia del notario José del Cerro Peñalver, superan los 50 decibelios permitidos para la actividad "bar-terraza con música ambiente", según el decreto 86/2013 del 1 de agosto del Gobierno de Canarias, que regula las actividades clasificadas y los espectáculos públicos. Asimismo, sobrepasa los 55 decibelios que permite la ordenanza para los entornos de las zonas comerciales.
Acerca del horario, cuya licencia permite a la terraza abrir de 6.00 horas a 3.30 de domingo a jueves, y cierre a las 5 durante los viernes, sábados y víspera de festivos, el denunciante considera que son "contrarios a derechos" porque el citado decreto "no establece ni un sólo supuesto de ningún establecimiento de clase alguna que los viernes, sábados y festivos pueda abrir a las 06.00 horas y cerrar 23 horas después a las 05.00 horas". "Y en caso de que estemos equivocados", continúa el escrito, "que se nos diga el fundamento y norma legal en que se basan los horarios autorizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el bar terraza Sotavento".
Es en este apartado en el que se incluye la denuncia hacia el propio consistorio capitalino, y en concreto hacia la jefa de sección del Servicio de Edificación y Actividades, María Ángeles Canella León, por firma la autorización de los horarios del establecimiento fuera de los límites legales que se establecen en la normativa vigente, como se recalca en el escrito.
Otro de los puntos en los que basa la documentación, que fue presentada el pasado jueves en las oficinas municipales, es el relacionado con el aforo, que, según la licencia, está establecido en 92 personas en el interior y 205 en la terraza. Según el escrito, el Sotavento "día tras día permite la entrada a más de 1.500 personas". Para basar esta afirmación, el abogado del propietario de la empresa Zorba's Vip, dedicada también al ocio nocturno, presenta varias fotografías publicadas por la terraza en su cuenta de Facebook. Además, recoge un comentario en la red social realizado por unos de los empleados, en el que señala que "cada fin de semana se congregan más de 2.000 personas por la noche".
Por todo ello, Castellano solicita al Ayuntamiento el precinto del establecimiento "a la mayor brevedad posible" por "su flagrante situación de ilegalidad". Y, agrega, que durante los próximas días podría interponer "cuantas acciones judiciales de toda índole" a las que tiene derecho, tanto por la vía judicial, "con solicitud de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, como en el administrativo, e incluso, en su caso, interposición de acciones penales por posibles delitos de prevaricación".
