El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto al empresario José Miguel Suárez Gil de los delitos de tenencia de armas prohibidas y depósitos de municiones por los que fue enjuiciado a finales de noviembre del año pasado.
La sentencia, que fue notificada ayer a las partes, acepta una cuestión previa planteada por la abogada Isabel Tabares Álvarez y anula todas pruebas derivadas del registro realizado al chalé del expresidente de la Cámara de Comercio, entre ellas el propio arsenal intervenido por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), las actas levantadas tras la inspección o las declaraciones y las periciales hechas por los agentes sobre esas armas.
El empresario se enfrentaba a tres años de cárcel solicitados por la Fiscalía de Las Palmas, al tiempo que la acusación particular reclamó cinco años y medio de prisión en representación de Josefina Navarrete, la exesposa de Suárez Gil. Ambos se han enfrentado en tres juicios penales desde que el empresario encañó a Navarrete en su residencia de Tafira.
Ese episodio ocurrió el 4 de enero de 2011. "¿Dónde quieres que te dé primero, en el corazón o en la cabeza?", le espetó a Navarrete mientras la apuntaba con una pistola Smith & Wesson preparada para disparar. Poco después, otras personas que estaban en la casa alertaron a la policía. Los agentes llegaron a tiempo y detuvieron a Suárez Gil con el arma en la mano.
El expresidente de la Cámara admitió su responsabilidad por esos hechos y aceptó en septiembre de 2011 una sentencia de conformidad de un año de cárcel (ocho meses por un delito de amenazas y cuatro meses por un delito de coacciones). Pero se saltó en repetidas ocasiones la orden de alejamiento impuesta para que no se acercase a Navarrete, y fue condenado en febrero del año pasado a diez meses de prisión por quebrantamiento de condena.
El tercer juicio que afrontó Suárez Gil fue por "la gran cantidad de armas y munición" halladas en su vivienda de Tafira, algunas prohibidas y otras para las que supuestamente carecía de las licencias o de los permisos necesarios. En concreto tenía una pistola calibre 7,65 milímetros marca Browning, otra Astra del calibre 9 mm, una Pisto Regi sin número de serie de 6,35 mm, una carabina tipo Winchester, un rifle de la Fábrica de Armas de Oviedo, otro marca Oewfg Steyr, una escopeta de caza de cañones yuxtapuestos Eduardo Schilling, un rifle Norberto Arizmendi y otro de bayoneta plegable marca Beretta. También fueron intervenidos cuatro silenciadores o supresores sónicos, una defensa eléctrica no operativa y 2.202 cartuchos en perfecto estado de conservación.
La magistrada Eva Armesto incluye todas esas armas en la relación de hechos probados, pero aclara que fueron aprehendidas por los agentes sin consentimiento de Suárez Gil. Sí dio permiso su cónyuge, Navarrete, pero la juez considera que es insuficiente porque ella había sido amenazada previamente y, por tanto, existía un conflicto de intereses entre ambos.
La magistrada descarta que los policías actuaran de mala fe, pero entiende que debieron pedir la autorización de Suárez Gil o la del juez de guardia. En su momento, la Fiscalía y el juzgado instructor entendieron que no hacía falta permiso para registrar la casa por la flagrancia delictiva, es decir, porque los agentes entraron en la vivienda para neutralizar el posible disparo y socorrer a la víctima. La juzgadora, en cambio, considera que la amenaza había cesado, pues el registro lo hicieron agentes distintos a los que detuvieron al empresario y éste fue llevado a otra parte de la casa. Hubo, en definitiva, una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, tal y como planteó la letrada como cuestión previa. La sentencia es susceptible de recurso ante la Audiencia de Las Palmas.
