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El juez imputa a dos altos cargos del Puerto por las anomalías en La Esfinge

José Daniel López y Miguel Ángel Larraz eran director de La Luz y jefe de Obras durante la ampliación del dique

Dos altos cargos de la Autoridad Portuaria deberán comparecer en el juzgado para declarar como imputados por las irregularidades detectadas en la ampliación del dique de La Esfinge.

José Daniel López, exdirector del Puerto de La Luz, y Miguel Ángel Larraz, exjefe de Obras, están citados para mañana viernes por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. El magistrado Javier García García-Sotoca les tomará declaración por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsificación de documentos, según han confirmado fuentes judiciales.

Se trata de la primera diligencia que acuerda el juez instructor tras asumir la investigación el pasado mes de junio. Las pesquisas las llevaba el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, pero se vio obligado a remitir las actuaciones al juzgado porque José Emilio Olivares, exdirector de la antigua Sestiba, presentó una denuncia por los mismos hechos y forzó la judialización de la causa. Olivares reclamó la declaración como imputados de López, de Larraz y de Javier Sánchez-Simón. Este último era presidente de la Autoridad Portuaria en la etapa a la que se circunscriben las anomalías.

Sanchéz-Simón, que no ha sido imputado en estas primeras diligencias, y su sucesor en el cargo, Luis Ibarra, han protagonizado durante este último año un intenso enfrentamiento con la segunda fase de La Esfinge como telón de fondo. La obra fue adjudicada en 2007 por 46,3 millones a una UTE integrada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago, pero no fue recepcionada hasta 2012, ya con Ibarra como presidente, quien, en la actualidad, repite mandato como máximo responsable del ente público.

Ambos dirigentes se cruzaron denuncias en Fiscalía por la actuación de sus equipos directivos en las polémicas obras. Sánchez-Simón acusó a Ibarra de perdonar las penalizaciones impuestas a las constructoras por los retrasos y anomalías en la prolongación del muelle exterior, mientras que Ibarra, por acuerdo del Consejo de Administración, remitió al fiscal un informe de Puertos del Estado con las "graves" irregularidades halladas en la ejecución del muelle exterior, entre otra documentación que también afecta al dique Sur, conocido en términos populares como San Telmo o del Perejil.

La denuncia que ha comenzado a tramitar el juez instructor se centra en el supuesto traslado ilegal de bloques entre los diques de San Telmo y La Esfinge (los proyectos fueron adjudicadas a empresas distintas), así como en la ejecución de obras no contempladas en el contrato, la supuesta falsificación de certificaciones para cobrar esos trabajos y un posible fraude en la gestión de las ayudas europeas para hacer las infraestructuras (el 80 y 85 % se pagaron con fondos de Cohesión y Feder).

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