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Un fallo procesal retrasa la causa por las anomalías en el dique de La Esfinge

El juez aplaza las declaraciones de López y de Larraz como imputados

Un fallo procesal retrasa la causa por las anomalías en el dique de La Esfinge

Un fallo procesal retrasa la causa por las anomalías en el dique de La Esfinge

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido las declaraciones como imputados de José Daniel López y de Miguel Ángel Larraz por las irregularidades detectadas en la ejecución de la segunda fase del dique de La Esfinge. Los dos eran, respectivamente, director del puerto de La Luz y jefe de Obras durante la realización de esos trabajos, que fueron denunciados en la Fiscalía de Las Palmas por la Autoridad Portuaria, órgano al que siguen vinculados laboralmente ambos imputados.

Tanto López como Larraz comparecieron a primera hora de ayer en la Ciudad de la Justicia. Iban acompañados de su abogado, José María Guerra, pero no se les tomó declaración porque el juez instructor suspendió los interrogatorios en el último momento. Los denunciados, por tanto, ganan más tiempo para preparar su defensa y refutar la malversación de caudales públicos que investiga el magistrado Javier García García-Sotoca.

El aplazamiento, en cualquier caso, no obedece a una argucia procesal de la defensa, sino a un error del Juzgado al notificar una resolución. Se trata de un auto que deniega a José Olivares, exgerente de Sestiba, el derecho a personarse en la causa como acusación particular. Olivares fue quien denunció los hechos en el juzgado, pero no está afectado de manera directa por la supuesta malversación. Por eso el juez ha rechazado su personación como acusación particular.

Esa resolución, sin embargo, no llegó al despacho de Pino López, la abogada que ha pedido incorporarse al pleito en representación de Olivares. La letrada acudió ayer al Juzgado y expuso el fallo en la notificación. El juez, para evitar posibles recursos que invaliden las declaraciones previstas, optó por dejarlas en suspenso hasta que se resuelva la solicitud de personación planteada.

Lo más probable, según las fuentes judiciales consultadas, es que se admita la intervención de Olivares en el procedimiento, pero no como acusación particular, sino popular, pues ninguna de las irregularidades investigadas han causado un perjuicio al denunciante.

Los intereses de la Autoridad Portuaria, en cambio, si pueden estar afectados por la actuación de los responsables de La Esfinge. De ahí que el ente público tenga previsto personarse en la causa a través del Abogado del Estado, según han confirmado fuentes del organismo portuario. Sí está al corriente de la investigación el ministerio público, cuyo fiscal Pedro Gimeno llevará el caso al estar adscrito al Juzgado de Instrucción número 7.

La propia Fiscalía de Las Palmas, tras recibir la documentación remitida por la Autoridad Portuaria, abrió el pasado mes de diciembre una investigación, pero tuvo que cerrarla y remitirla al Juzgado al presentar Olivares su denuncia y forzar la judicialización del caso.

La obra fue adjudicada en 2007 por 46,3 millones a una UTE integrada por FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago, se ejecutó con Javier Sánchez-Simón al frente de la Autoridad Portuaria y, tras múltiples anomalías y retrasos, fue recepcionado en 2012 por su sucesor, Luis Ibarra, que puso en conocimiento de la Fiscalía las "graves" irregularidades técnicas y contables halladas por Puertos del Estado al revisar el expediente. El juez investiga ahora si existe malversación en los bloques usados para ampliar el dique; la falsificación de certificados para cobrar obras no recogidas en el proyecto, y un posible fraude en la gestión de las ayudas europeas.

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