El coordinador de los estibadores canarios, Miguel Rodríguez, mostró ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo (TS), pues la Sala de lo Contencioso Administrativo estima el recurso de su colectivo y obliga a Gramelcan a contratar el servicio de estiba para cargar sus cubas de áridos en el Puerto. El portavoz explica que hay conflictos similares en otras regionales, como Galicia, y espera que esos casos se resuelvan en el mismo sentido.
El Supremo, además, está pendiente de abordar otro caso que afecta al Puerto de La Luza. Se trata de una sentencia dictada por el Tribual Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que exime a la compañía Silos Canarios de contar con los estibadores para las descargas de grano. Esta resolución, igual que con Gramelcan, ha sido recurrida por la Coordinadora de Estibadores ante el Supremo.
El abogado que está detrás de ambos recursos, Alejandro Falcón, espera un fallo favorable, pero admite que se trata de un caso más complejo. El TSJC si ha entrado en el fondo del asunto y ha optado por hacer una interpretación amplia del régimen de exenciones, es decir, de aquellos supuestos en los que se puede prescindir de la contratación de estibadores.
En ese sentido, un informe elaborado en 2011 por la Autoridad Portuaria establece que las operaciones de carga, descarga y transbordo realizadas mediante un sistema de tuberías no están consideradas servicio público.
Se trata de buques que autodescargan su grano mediante tuberías conectadas a los silos del puerto, en las que sólo interviene un operario para conectarlas y desconectarlas. Sin embargo, Asociación de Estibadores de Las Palmas (Asep) entiende que no se emplean tuberías, sino un mecanismo de succión neumática que va por tuberías. De ahí que aboguen por una interpretación restrictiva del régimen de exenciones para proteger a su colectivo.
