La actuación emprendida el pasado año por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para detectar a los taxistas que no figuraban como autónomos ha dado sus frutos. Un total de 432 titulares de licencias de taxis de Gran Canaria, en su mayoría jubilados, viudas y herederos de taxistas de la capital, se han dado de alta como autónomos y han regularizado su situación. Así lo ha confirmado el director territorial, Francisco Guindín, que informó de que su departamento envió un total de 721 órdenes instando a los titulares de las licencias para que se dieran de alta como autónomos. En algunos casos, las licencias están a nombre de varios titulares.
Según Guindín, las actuaciones inspectoras se iniciaron en septiembre de 2014 y concluyeron el pasado mes de julio, después de que "los representantes del sector solicitaran", a principios de 2014, "un aplazamiento" para que los titulares se dieran de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). "Solo en tres casos, los interesados no se dieron de alta en el RETA", aseguró Guindín, por lo que "se formuló alta de oficio y un acta de infracción".
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició las actuaciones a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Asalariados del Taxi de Gran Canaria. A la exigencia de los asalariados se unió también la de la Asociación de Titulares de Autotaxis de Canarias (Atlatc), que consideró que la existencia de taxistas que no estaban dados de alta en la Seguridad Social suponía, además de una irregularidad, un agravio comparativo para los que sí pagaban religiosamente.
Para enviar las circulares a los titulares de licencias, la Inspección utilizó los listados facilitados por el Cabildo de Gran Canaria y la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social. En total, se evaluaron los datos de unas 2.500 licencias, de las cuales 1.640 están radicadas en la capital grancanaria.
Pensionistas
Los responsables de la Seguridad Social advirtieron que todo titular de licencia de taxi tiene que estar registrado como autónomo, aunque aclararon que se puede compatibilizar la explotación de un taxi, como ocurre con cualquier otra actividad, con la percepción de una pensión de jubilación o viudedad, aunque en este caso sólo se puede cobrar la mitad de la pensión, salvo que los ingresos por la explotación del taxi sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Si la titular de la licencia es viuda, se le permite cobrar la totalidad de la pensión, pero se le exige, al igual que al resto, pagar los 200 euros al mes del régimen de autónomos. Muchos de los que se han dado de alta como autónomos no explotan directamente su licencia y lo hacen a través de un administrador o colaborador, una cuestión que ha sido criticada por la presidenta de la Asociación de Asalariados, María Eugenia García Rocha, al considerar que ello infringe la ley regional del Transporte y la ordenanza municipal que establece la dedicación plena del titular a la actividad. A la Inspección, aclaró su responsable el pasado año, solo le compete que los titulares se den de alta como autónomos o que no haya cesión ilegal de trabajadores.
La Inspección de Trabajo, que viene colaborando con el Ayuntamiento, la Fiscalía de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria en la primera gran operación que se inició en 2009 contra los floteros del taxi, ha impuesto desde entonces un total de 160 multas a los titulares de 80 licencias y los cuatro floteros que las explotaban, por cesión ilegal de trabajadores. El pasado junio, el Juzgado de lo Social ratificó las multas impuestas a los titulares y el flotero de once licencias. Los titulares de las licencias tendrán que pagar 6.251 euros de multa y el flotero condenado abonará 6.251 euros por cada una de las once licencias que gestionaba. El Juzgado anuló las sanciones a otras tres licencias porque no se pudo probar la infracción. Quedan pendientes otros dos juicios, que afectan a cerca de 60 licencias en manos de floteros. Por su parte, el Ayuntamiento acaba de notificar a 86 titulares la revocación de sus licencias por estar siendo explotadas de manera irregular.
