El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reúne este sábado en el Colegio de Abogados de Las Palmas con los operadores jurídicos para abordar las últimas reformas legislativas promovidas por el Gobierno, en especial la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el 6 de diciembre y ha suscitado el rechazo de jueces, fiscales y abogados. De ahí la importancia del encuentro, que empezará a las 11.30 horas y al que están invitados todos los profesionales vinculados a la Administración de Justicia.
La principal novedad de la reforma es la introducción de plazos legales para limitar la duración de la instrucción penal, lo cual ha sido rechazado por todos los jueces decanos de España, el Consejo Fiscal, las asociaciones profesionales de ambos colectivos y el Consejo General de la Abogacía.
Desde todos estos sectores se ha solicitado al Ministerio de Justicia que se prorrogue la entrada en vigor de la ley, la cual fue publicada hace dos mese en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la aprobación en Las Cortes con los votos favorables del Partido Popular (PP).
Medida voluntarista
Los jueces decanos, que se reunieron a finales de octubre en Vigo, consideran "negativos" e "inadmisibles" los límites a la instrucción, pues entienden que es una medida "voluntarista" y no servirá para "agilizar" el proceso judicial. Los decanos replican que las demoras están vinculadas a la falta de medios materiales y personales, a la aplicación de leyes anticuadas que los gobiernos no se atreven a modernizar y a múltiples factores externos a la actuación del juez, ya que también interviene el fiscal, los abogados, los secretarios judiciales, la policía, los médicos forenses y los peritos (tasadores, informáticos, economistas...).
Los fiscales, en ese sentido, consideran que los plazos son imposibles de aplicar con los medios y la estructura judicial actual. Por eso rechazan la entrada en vigor de la ley procesal, al menos hasta que vaya acompañada de recursos y de un plan técnico específico para su aplicación, porque son los representantes del ministerio público quienes deben revisar las causas para prorrogarlas y evitar así que se mueran por la entrada en vigor de esos plazos (seis meses ampliables en prórrogas si lo pide el fiscal).
Esa falta de recursos y de planificación ha generado preocupación en las fiscalías, que han empezado a reunirse para unificar criterios y abordar la revisión de las causas de una manera coordinada. Ayer, por ejemplo, los fiscales de Las Palmas celebraron una junta para debatir una directiva de la Fiscalía General del Estado en ese sentido, con la finalidad de fijar criterios para solicitar las prórrogas de los asuntos complejos (caben hasta dos de 18 meses, pero de forma excepcional se puede dejar sin efecto la limitación impuesta).
