La política de recortes al personal municipal que protagonizó el gobierno de Juan José Cardona acaba de recibir un nuevo varapalo, a través de dos nuevas sentencias que obligan ahora al tripartito a devolver a los trabajadores más de 1,3 millones de euros en ayudas eliminadas en 2014. El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, explicó que la junta de gobierno decidirá hoy si se recurre o se pacta con los representantes sindicales el pago aplazado de la cantidad que se recortó en su día, más los intereses de demora.
Las dos sentencias vuelven a dar la razón a los sindicatos UGT, CSIF y IC, que recurrieron la eliminación de ayudas al estudio y médicas, premios de permanencia y jubilación, la aportación municipal al plan de pensiones y otros complementos especiales. Estas resoluciones, que anulan los recortes al considerar que son desproporcionados y no contaban con el informe favorable de la Intervención, se suman a otra que también tumba la eliminación de las ayudas sociales de 2013. "Nos están cayendo sentencias cada dos por tres por la pésima gestión del gobierno anterior en materia de personal. Estamos ahora sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad política del PP. Esto no hubiera pasado si el Partido Popular hubiera negociado el reglamento o posponer el pago, por ejemplo, a otro momento más favorable.
Regidor informó de que se acaba de alcanzar un acuerdo con los trabajadores para modificar la aplicación del reglamento de ayudas sociales, ya que el actual, sostuvo, "es insostenible".
Ambas partes han acordado que todas las ayudas a los trabajadores se concederán a través de una convocatoria pública. El nuevo reglamento contempla la creación de un comité de acción social, del que forman parte representantes de los trabajadores y del gobierno municipal, que negociarán y acordarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, qué cantidad global se establece y cuánto dinero se destina a cada una de las líneas de ayudas. Penélope Rubio, representante de UGT, valoró muy positivamente las dos sentencias que, recordó, se suman a la que anuló la eliminación de las ayudas en 2013. También ha sido anulada la RPT de 2013, que ha obligado al actual gobierno a devolver 2,8 millones a los trabajadores.
