La empresa Cayemar Hostelería S. L., de la que es administrador único José Manuel Rodríguez Morera, se encargará de explotar el café del kiosco modernista de San Telmo a partir del próximo verano, al ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento. La decisión de la mesa de contratación será impugnada por la empresa "La cocina del Jardín", que fue eliminada por los técnicos municipales al considerar que había hecho una oferta temeraria. Desde el gobierno municipal garantizaron que el recurso no impedirá la apertura de la cafetería, que permanece cerrada desde febrero pasado.
El adjudicatario ganador pagará un canon anual de 21.500 euros, que supera en 9.500 euros el precio de licitación. Cayemar ganó a la segunda empresa que llegó a la final, Café Regina, que ofreció 18.700 euros de canon.
Cayemar ofreció además, según asegura el Ayuntamiento, la renovación del mobiliario, la decoración y el embellecimiento de la actual construcción, que se remonta a 1923. El adjudicatario ha ofertado la celebración de eventos culturales, actividades infantiles y gastronómicas en el kiosco.
Al concurso se presentaron 17 empresas, la mayoría de la cuales fueron rechazadas por no cumplir con las condiciones técnicas requeridas. Quedaron tres finalistas, entre ellas La cocina del Jardín, que fue también eliminada por considerar los técnicos que incurría en "alza temeraria" al ofertar 37.200 euros como canon anual, 15.700 euros más que la oferta ganadora y un 214% más que el precio de licitación. "Los argumentos referenciados son suficientes para descartar la propuesta económica, máxime al exceder en más del 40% la medida aritmética de las tres cantidades ofrecidas, lo que supone un 30% más del máximo previsto para apreciar temeridad", señala el informe técnico.
El representante de La Cocina del Jardín reiteró su voluntad de recurrir la adjudicación al considerar que "no se ajusta a derecho, al haberse rechazado la oferta más ventajosa, tanto técnica como económica". "Llama la atención que el Ayuntamiento rechace una oferta de 37.200 euros anuales con aval y prefiera otra de 21.500 euros sin aval. No cabe duda de que esta decisión no solo es arbitraria y supone una desviación de poder, sino que atenta contra los intereses municipales", criticó el portavoz de la empresa.
