El gobierno municipal advierte a la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos, en la alegación presentada contra la suspensión cautelar de la jornada de descanso semanal, que la presidenta de la Asociación de Asalariados de Auto Taxi de Las Palmas, María Eugenia García Rocha, no trabaja en la actualidad en el sector del taxi, razón por la cual considera que no está legitimada para solicitar el bloqueo de la medida. La propia García Rocha reconoce en el recurso presentado que en estos momentos está en paro,por lo que a juicio del Ayuntamiento carece de "un derecho o interés legítimo" para presentar la solicitud de paralización. "Al no ser una persona que pertenece al sector, no está afectada por la medida", destacó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, por lo que la sentencia que finalmente se dicte sobre lo denunciado no tendrá ningún efecto sobre su esfera jurídica.
Ramírez insistió en la potestad del Ayuntamiento para regular la jornada de descanso obligatoria, que ha sido defendida por otros autónomos y asalariados, y recordó que se trata sólo de una prueba, con una duración de cuatro meses, tras la cual "serán los titulares de las 1.640 licencias, más los asalariados con una antigüedad de más de cinco años, los que decidan si quieren o no los días libres. En este caso, han sido los 64 taxistas recurrentes, los que han decidido por todo el sector". Además de la Asociación de Asalariados y los 64 titulares de licencias, que consideran que los días libres suponen una "intromisión grave en el principio de libre empresa", también ha solicitado el bloqueo de la resolución la Cooperativa de San Cristóbal. El concejal añadió que los recurrentes no justifican en ningún momento por qué se pierden los más de 240 puestos de trabajo de los asalariados y la reducción de ingresos por parte de los autónomos. "No se tienen por qué perder puestos de trabajo si se actúa dentro de la legalidad. La suspensión cautelar", añadió, impedirá a los taxistas valorar si la medida es positiva o no. "Estamos ante una resolución que no tiene derechos ilimitados", porque estaba previsto que venciera el 26 de junio.
