La Fiscalía de Las Palmas considera que la entrada a la fuerza en el despacho de uno de los tres administradores denunciados por el concurso de Maquinarias Paco se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal Miguel Hernández ha informado en contra de la nulidad de la entrada y registro, que fue autorizada por el juez Salvador Alba el pasado febrero y realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Inspección de la Seguridad Social, con la correspondiente supervisión de la letrada del juzgado instructor.
La nulidad de la entrada y registro, que afecta al despacho de Daniel Bosch, ha sido solicitada por su letrado, Luis Val, que también defiende al economista Javier Rodríguez, otro de los administradores investigados en el marco del concurso de acreedores que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 1. Según fuentes judiciales, Val considera que la actuación fue desproporcionada e ilegal, pues se realizó sin la presencia de los titulares del despacho, no se hizo ninguna gestión para localizarlos y tampoco se contactó con el Colegio de Abogados.
La Fiscalía, en cambio, rebate esos argumentos. Sostiene en su informe que se actuó como en otras causas secretas, es decir, se llamó a la puerta y se optó por abrirla con un ariete porque no había nadie en la oficina. Antes, como establece la LEC, la secretaria judicial recabó la presencia de dos testigos. Luego se llamó al afectado para notificarle el auto, que fue entregado a Bosch en su misma oficina, según el ministerio público.
La finalidad de la diligencia era registrar por sorpresa los despachos para hallar pruebas de posibles cobros indebidos. De ahí que la causa se declarase secreta y no se informase a los implicados, con la finalidad de reducir los riesgos de la eliminación de archivos de los ordenadores, por ejemplo, en remoto.
Ninguno de los dos administradores concursales fue detenido durante esa diligencia. Su letrado no es el único que considera desproporcionada la actuación judicial, también lo entiende así el Colegio de Abogados de Las Palmas, que ha salido en defensa de Bosch. La institución, tras concederle el amparo, ha remitido el acuerdo al juzgado instructor para mostrar su rechazo a la manera en la que se hizo el registro, según confirmó ayer el decano, Joaquín Espinosa.
La queja ha sido enviada al Juzgado de Instrucción número 3, aunque la entrada y registro no la acordó su titular, que se abstuvo por razones de amistad con uno de los denunciados, sino Salvador Alba, que en ese momento estaba al frente de Instrucción 8 en sustitución de Victoria Rosell. El magistrado cesó el martes al incorporase Carla Vallejo, que presumiblemente tendrá que resolver el recurso de nulidad presentado por Val.
La entrada y registro fue pedida al juez por el fiscal para buscar pruebas que acrediten los tres delitos investigados: alzamiento de bienes, cohecho y malversación. La tesis de la acusación pública es que los dueños de Maquinarias Paco crearon un entramado de sociedades para seguir activos y desviar los ingresos hacia Grupo Tipuana, con la intención de eludir la deuda con los acreedores.
