Los trabajadores de Sercanarias, la empresa de los socios privados de Emalsa que gestiona el mantenimiento del alcantarillado y otros servicios de la compañía mixta del agua, presentan hoy un preaviso de huelga para el próximo cuatro de julio. A esta medida de presión para desbloquear la negociación del convenio colectivo y recuperar los derechos perdidos se sumarán otras acciones, en el caso de que ni la compañía ni el Ayuntamiento, titular del servicio, cambien su postura, según aseguró el secretario general de Servicios Públicos de CCOO, José Manuel Ojeda.
La decisión fue adoptada ayer, tras la reunión mantenida con la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina que, según el comité de empresa, les aseguró que no podía hacer nada. "Nos dijo que el Ayuntamiento está intentando negociar con Emalsa para que asuma el servicio directamente", mientras se firma el nuevo contrato programa que establezca qué cantidad debe pagar el Ayuntamiento por el saneamiento, así como los servicios que tiene que realizar la compañía para cobrar por dichos trabajos.
El conflicto entre la empresa y el personal, que reclama recuperar los derechos perdidos hace cinco años cuando les bajaron el sueldo y otras condiciones laborales, está afectando ya al servicio, ya que los trabajadores se están negando a realizar las horas extras voluntarias. Esta circunstancia está provocando aún más retrasos en el arreglo de las averías en la red de alcantarillado,
En la actualidad la ciudad debe abonar algo más de 4,8 millones anuales por la limpieza de la red de alcantarillado a Emalsa, que tiene subcontratados los trabajos a Sercanarias. El gobierno municipal anterior bloqueó el pago del saneamiento durante tres años porque la compañía no acreditó que efectuaba los servicios por los que quería cobrar. Los tribunales le dieron la razón a Emalsa y el actual gobierno, que desistió de recurrir la sentencia, ha acordado pagar a la compañía mixta la deuda, que asciende a más de 15 millones de euros.
Los trabajados se concentraron el pasado lunes durante más de cuatro horas frente a las oficinas municipales de la capital grancanaria, para protestar por la negativa de la sociedad a negociar un nuevo convenio colectivo.
El comité de empresa denuncia además el deterioro que está sufriendo el servicio, debido al "pésimo estado" en que se encuentran los camiones y el conjunto del material. "Hay una desidia tremenda por parte de Sercanarias", sostuvo Ojeda, "desde que sabe que le van a quitar el servicio de saneamiento", que sigue gestionando en precario desde que se denunció el contrato anterior el pasado mes de diciembre. La situación se mantendrá hasta que se convoque un nuevo concurso, salvo que el gobierno Tripartito consiga convencer a los socios privados de Emalsa para que asuma directamente la gestión.
El consejo de administración de Emalsa denunció el contrato en diciembre pasado, a instancia del alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, que además exigió que la compañía no siguiera con el saneamiento.La plantilla, que está compuesta por unos 60 trabajadores, es partidaria de que sea Emalsa la que se haga cargo del servicio y criticó a Sercanarias, compañía propiedad de Saur y Valoriza, por "utilizar la crisis y la reforma laboral para rebajarnos nuestros derechos, mientras seguía aumentando sus ingresos".
"La empresa se escuda en esa situación de provisionalidad para no negociar el nuevo convenio, cuya renovación llevamos reclamando cuatro años, porque nos quitaron derechos laborales y complementos salariales, que aceptamos por la crisis, pero la situación ha mejorado. Por eso queremos que el Ayuntamiento, como responsable del servicio, intervenga", ha explicado Ojeda, quien también ha denunciado que "el servicio de saneamiento no se está prestando en condiciones debido a la mala gestión. Los camiones, que son de Emalsa como todo el material que utiliza Sercanarias, no sirven para trabajar. No tienen potencia para limpiar" las alcantarillas.
Sercanarias seguirá durante bastantes meses más gestionando el servicio, porque este no saldrá a concurso hasta que el nuevo comité de expertos del Ayuntamiento establezca un nuevo contrato-marco, algo que se espera para finales de este año o principios del próximo, porque según aseguran los trabajadores, el Ayuntamiento y los socios privados no se terminan de poner de acuerdo sobre el contenido. Esta situación, advirtió Ojeda, "está afectando" a la calidad del servicio que se presta a la ciudad.
