El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este miércoles que presentará una moción para urgir al gobierno municipal (PSOE, NC y Las Palmas Puede) a que presente alegaciones e impulse medidas contra la modificación de la tasa de basura que pretende el Cabildo.

En un comunicado, el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, considera "desmesurada" la subida que trata de "imponer" el Cabildo por el servicio que presta a los ayuntamientos para el tratamiento de residuos en los complejos medioambientales, por lo que presentará la moción al próximo pleno que la corporación celebrará el viernes.

El edil popular advierte de que la modificación de la tasa, aprobada por el Consejo Insular del Cabildo, el 21 de julio, supondrá que los grancanarios deberán pagar 40 millones de euros durante los próximos 15 años "de forma indebida e injusta".

Sabroso recuerda que existe como precedente un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de abril de 2015, que corregía al Cabildo por cobrar de más, al repercutir la inversión que se había efectuado en los nuevos complejos ambientales a los municipios dentro de la tasa, y, según el PP, en esta nueva modificación de la ordenanza la sigue incluyendo.

Por ello pide que, en el caso de que el Cabildo de Gran Canaria persista en su empeño de mantener la inversión como concepto de cobro, se presenten alegaciones durante su trámite de aprobación y los recursos contenciosos-administrativos que fueran necesarios para defender el interés general de la ciudad.

Además, reclama que se proceda a computar e informar sobre las cantidades cobradas por el concepto de inversión desde la entrada en vigor de la tasa insular, a efectos de su posterior compensación.

Sabroso recuerda que el pasado mes de marzo el PP propuso al pleno de la corporación que el Ayuntamiento abordara directamente este asunto, "uno de los que mayor discrepancia genera con el Cabildo", pero no atendió a ninguno de los aspectos que se le plantearon, principalmente el de instar a la institución insular a modificar esa tasa y dejar de cobrarle a la ciudad "conceptos indebidos", señala Sabroso.

La postura municipal en 2013, en el momento del establecimiento de la mencionada tasa, fue la de presentar alegaciones a la misma, e incluso recurrir la ordenanza ante la justicia, una vez que los técnicos municipales detectaron que entre los conceptos económicos incluidos en la tasa insular se pretendían cobrar aspectos impropios en una tasa.

"El gobierno local estaba entonces conformado por el PP y se tenía muy claro que la defensa de los intereses de la ciudad estaba muy por encima de cualquier otra consideración", destaca Sabroso, quien lamenta que "a tenor de la respuesta dada por el gobierno municipal en el pasado pleno de marzo y el devenir de los acontecimientos, la situación es bien distinta".

Desde el PP se aclara que el TSJC dio la razón a las tesis del Ayuntamiento y declaró nula la tasa insular aprobada en 2013, pues en ella se habían computado los costes de inversión en los complejos ambientales, tanto de actualizaciones de las instalaciones existentes, como de instalaciones nuevas.

Ese pronunciamiento judicial avaló la postura municipal, por lo que desde entonces hasta ahora se ha estado cobrando, tanto por la tasa inicial aprobada en 2013 como por sus modificaciones posteriores, conceptos que no deben formar parte de la misma, indica la nota.