El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dio ayer un paso atrás. La firmeza que mostró el pasado martes, cuando anunció tras las negociaciones con estibadores y empresas que el Decreto Ley para la reforma del sector de la estiba se iba a llevar al Consejo de Ministros de mañana, se derrumbó al comprobar que el Gobierno carecía del apoyos entre el resto de grupos políticos para aprobar en el Parlamento la liberación de las contrataciones de portuarios, como exige una sentencia del tribunal europeo. Ante esta situación, De la Serna escuchó la petición realizada por los estibadores y anunció que retrasaba la modificación de la Ley de Puertos si se desconvocaba la huelga, además de hacer un llamamiento para que los representantes sindicales y la patronal se sentaran a negociar. Los trabajadores respondieron pocas horas después con la cancelación de los paros previstos para los días 20, 22 y 24 de febrero. Antes de este anuncio, el vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Eugenio Castillo, lamentó que la convocatoria ya había provocado la anulación de rutas entre Europa y Canarias para el suministro de mercancía ante la posibilidad de bloqueo de los buques.

El cambio de posición del Gobierno se comenzó a gestar a primera hora de la mañana, cuando Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, solicitó a De la Serna que retrasara la reforma legislativa y que esta se realizara por consenso entre todas las partes. Los estibadores, que habían mantenido una reunión con Rivera la noche anterior para hacerle llegar su intención de anular los paros si se abría el diálogo, indicaron que su intervención "ha sido decisiva" porque venía a "rematar" las manifestaciones que habían realizado representantes del PSOE. El colectivo de trabajadores ganaron más peso cuando el resto de grupos con representación en el Parlamento (Podemos, PNV, CiU, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Marea y Compromis) se posicionaron en el mismo sentido.

Fomento empezó a mover entonces fichas para comprobar si existían posibilidades de que el Decreto Ley fuera aprobado en el Parlamento. Ante la negativa de todos los grupos, el siguiente paso fue emitir durante la tarde una nota de prensa en la que se ofrecía a retrasar la aprobación del decreto de reforma una semana más si los agentes sociales se sentaban a negociar y se desconvocaban los paros. El documento recalcaba que si bien los aspectos planteados por los sindicatos no tienen cabida en la reforma unilateral realizada por el Gobierno, "porque la Comisión Europea (CE) no lo permite", Fomento agregó que "sí pueden abordarse por la vía de la negociación colectiva". Y anunció que el Ministerio de Empleo ofreció su mediación en la negociación, tal y como solicitó horas después la patronal Anesco en un escueto comunicado, en el que señaló su disposición al diálogo, "como siempre ha hecho", y ofreció su colaboración para culminar el proceso de adaptación de la estiba.

Las caras largas de los estibadores a la salida de la negociación celebrada el martes en la sede de Fomento comenzaron a convertirse en rostros casi eufóricos al conocer la noticia de que Fomento daba un paso atrás. Sobre las siete de la tarde se hizo público que no ejercerían su derecho a la huelga, aunque exigieron que se inicie, "de inmediato", las mesas de negociación para incluir "la garantía de los puestos de trabajo" a través de subrogación, que se asegure la profesionalidad de los trabajadores y también que se regule el modo de organización del trabajo de los puertos, según señaló la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar en un comunicado.

Miguel Rodríguez, portavoz del colectivo, calificó de "positivo" el cambio de actitud "casi radical" del ministro. Y sobre todo agradeció la gestión hecha por los grupos políticos "por entender que las fórmulas que garantizan la estabilidad son las que se hacen de mutuo acuerdo". El también presidente de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP) declaró que aún no tienen un programa de reuniones con las diferentes partes, pero que esperan que en los próximos días puedan encontrar un punto de acuerdo que satisfaga a las cuatro partes, refiriéndose a los propios trabajadores, la patronal, el Gobierno de España y la Unión Europea. "Nuestro planteamiento no ha cambiado: hay que garantizar la profesionalidad de los trabajadores que desarrollen la actividad en el Puerto, su estabilidad y la garantía de sus puestos de trabajo; y reajustar las condiciones que sean necesarias para dotar al sector de garantías de calidad y buen servicio", apostilló.

Antes del anuncio de los estibadores, Eugenio Castillo manifestó que ya estaban empezando a notar las consecuencias de una huelga que finalmente no se producirá la próxima semana. Así, dijo que navieras europeas se negaban a salir del puerto de origen porque "corren el riesgo de que no se puedan descargar las materias primas y luego tengan problemas de salir o tengan que permanecer más tiempo del previsto". Castillo agregó que, si no se desconvocaban los paros, esta coyuntura podría provocar "problemas serios", sobre todo en casos como el del Archipiélago, que se abastece casi por completo de las mercancías que entran por los puertos.

En este sentido, Miguel Rodríguez aseguró que no tiene constancia de tales cancelaciones, mientras que otras fuentes portuarias apuntaron que en estas situaciones las navieras reprograman sus rutas para evitar atracar en los puertos afectados durante los días de huelga, accediendo a los recintos las jornadas en las que no se producen los paros.