Las negociaciones son como el ajedrez. La partida de la reforma de la estiba, que impone Europa mediante una sentencia de diciembre de 2014 y que exige liberalizar la contratación de los trabajadores, se juega en los despachos del Ministerio de Fomento. Esta semana que hoy acaba ha sido un tira y afloja entre las diferentes partes, que acabó con una ligera victoria por parte de los portuarios al conseguir una semana más de reuniones antes de que el Real Decreto Ley que el Gobierno prepara sea trasladado al Consejo de Ministros. El próximo encuentro para acercar posturas se celebrará el martes. Los actores no están muy convencidos de llegar a un consenso, pero el Estado les da de plazo hasta el jueves para presentar alternativa alguna a través del convenio colectivo para responder a Bruselas. Eso sí, la normativa que modificará el modelo no se toca.
El día clave de la presente semana se vivió el pasado martes. Reunión a tres bandas: Fomento presidía la mesa, con el ministro Íñigo de la Serna en el centro. A su derecha, los miembros de la patronal Anesco, que veían con buenos ojos los cambios en la Ley de Puertos. A la izquierda, los representantes de los trabajadores, que se presentaban con los acuerdos firmados con casi medio centenar de empresas estibadoras, entre ellas parte de las más importantes que operan en el país, para presionar con la inclusión un registro de trabajadores que garantizara la subrogación de los actuales estibadores y la profesionalidad de quienes se incorporen a partir de la reforma.
Un hora y media después, la imagen que captaba el fotógrafo de agencia de noticias Efe Fernando Villar era el fiel reflejo de lo que se había vivido en el interior: Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y Miguel Rodríguez, portavoz de los trabajadores, salían con rostros serios, escoltados por el resto de miembros de los sindicatos que mostraban el mismo semblante. Y lo reflejaron frente a los dos micrófonos que esperaban a Goya en la sala de prensa: no había acuerdo. "Nos sentimos engañados", recalcó Rodríguez. Fomento indicó, por su parte, que no se podía realizar ningún cambio en el decreto. "Estamos atados de pies y manos", apostilló antes del encuentro el ministro, quién afirmó que la nueva legislación había sido flexibilizada "al máximo" en beneficio de los trabajadores. En definitiva, el decreto se llevaba al consejo del viernes y ya no estaban previstas más mesas de negociación.
Todo parecía estar abocado a la huelga anunciada para los días 20, 22 y 24 de febrero, en horas impares, que amenazaba con paralizar los puertos del país. Sin acuerdo, no había otra salida. Sin embargo, Miguel Rodríguez anunció que había una vía para retrasar los paros: que el Gobierno retrasase la aprobación de la reforma al Consejo de Ministros de la próxima semana y que anunciara nuevos encuentros "de verdad", refiriéndose a que contemplara un consenso entre todas las partes. Así se lo hizo saber al presidente de Ciudadanos, Alberto Rivera, durante una reunión mantenida el martes por la tarde-noche; y este último se lo comunicó durante la mañana siguiente a Fomento. Rivera no iba a apoyar el cambio de modelo si no había conformidad entre todas las partes. A todas estas, salió a la palestra uno de los principales empresarios del sector. Vicente Boluda, presidente del Grupo Boluda y de la Asociación Valenciana de Empresarios, acusó al Gobierno de "asustar" a la estiba. "Llevamos dos años" sin que "el que va a sacar la ley" se haya sentado a negociar, ya que el problema "no ha empezado ayer ni anteayer".
El Ejecutivo se vio en una encrucijada. Por un lado, comprobaba que sus principales aliados dentro del Parlamento no le apoyaban, lo que provocaría que el decreto se derrumbaría en el mismo momento en que entrara en el Congreso para su aprobación. Y, por el otro, parte del empresariado le afeaba su forma de legislar de manera unilateral y sin tratar de acercar posturas con los estibadores. Ante este panorama, y con el resto de partidos posicionándose del lado de los trabajadores, Íñigo de la Serna aceptó el ofrecimiento de los estibadores, anunciando una suspensión de la aprobación del decreto ley si a su vez se anulaba la convocatoria de la huelga. Y lo hizo a pesar de la celeridad que el propio ministerio asegura que le exige Bruselas.
En este juego de negociaciones, de movimientos de fichas, los estibadores veían el paso atrás de Fomento como una tímida victoria que le permitía alargar las negociaciones una semana más y anunciaban la suspensión de los paros pero continuaban con sus exigencias, que pivotan en tres puntos fundamentales: subrogación laboral y continuidad en el empleo, requisitos de profesionalidad y gestión de la relación laboral de los trabajadores portuarios.
Con esas 'líneas rojas' acudirán el próximo martes a la reunión establecida con la patronal, en la aún se desconoce si estarán presentes representantes de los ministerios de Fomento y Empleo, tal y como solicitaron los empresarios. El departamento dirigido por De la Serna solicita a ambas partes a que acerquen posturas en el marco de la negociación colectiva, donde opina que se pueden incluir las exigencias de ambas partes que, en cambio, no tienen cabida dentro del decreto ley.
Una de las solicitudes la realizó Boluda, quien aconsejó alargar el periodo transitorio de la reforma por encima de los tres años que se incluye en la nueva legislación. Y puso como ejemplo el caso de Francia, que modificó su modelo durante 15 años permitiendo así la jubilación del 80% de la plantilla. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ya respondió que Europa no acepta más de tres.
La reforma llega así a la semana que podría ser considerada clave. Si todas las partes logran un consenso, el decreto ley se podría aprobar el próximo viernes. Si se hace sin el 'sí' de todas las partes, los estibadores podrían anunciar una nueva huelga que llevaría el caos entre los recintos portuarios.
