Ya no hay vuelta atrás. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Decreto Ley con el que acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige a España liberalizar la contratación de estibadores en sus puertos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, volvió a repetir que la legislación está flexibilizada al máximo en beneficio de los portuarios. En cambio, los trabajadores se mostraron "sumamente decepcionados" con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha llevado la modificación de la Ley de Puertos de forma unilateral sin el consenso con los empleados de las terminales y que, según los propios trabajadores, llevará a la "desestabilización una de las industrias más prósperas" del país. El Decreto Ley pasa ahora al Congreso de los Diputados, donde tendrá que ser refrendado en el plazo de un mes con el voto de terceros partidos, que ya han mostrado sus diferencias con llevar adelante la reforma sin contar con los agentes sociales.

De la Serna acudirá al Parlamento con el apoyo de la Comisión Europea, que según el titular de la cartera ministerial ha dado el 'ok' a la modificación del modelo actual, y la patronal, que ve con buenos ojos la liberalización de la contratación de los estibadores. En la actualidad, las empresas están obligadas a acudir a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), a la que además deben aportar capital, para contratar a estos trabajadores. Con la nueva ley, las sociedades mercantiles podrán contratar directamente a sus portuarios, hacerlo a través de los denominados Centros Portuarios de Empleo o mediante empresas de trabajo temporal, sin necesidad de pertenecer a ninguna Sagep. Y aquellos que se quieran incorporar a la plantilla deben acreditar al menos un centenar de jornales dentro de los puertos europeos.

Para el ministro, la nueva legislación se ajusta a la sentencia, que exige liberar el sector -el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores- y establece la máxima flexibilización para mantener los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas. Asimismo, De la Serna indicó en la conferencia de prensa que facilita la subrogación mediante la financiación por parte de las Autoridades Portuarias de los derechos que han ido generando los trabajadores a lo largo de su vida laboral, y hay un plazo para la adaptación de los convenios colectivos, donde se pueden acordar cuestiones que plantean los sindicatos, como la subrogación, la formación o la organización del trabajo.

El mantenimiento de los derechos es el punto en el que chocan Fomento y patronal con los sindicatos. Los dos primeros están a favor de que exista un periodo transitorio de tres años, en el que las empresas están obligadas a que el 75% de la plantilla que contrate sean actuales estibadores; un porcentaje que baja hasta el 50% y el 25% el segundo y tercer año respectivamente. A partir de esa fecha, las compañías no tendrán la obligatoriedad de tener a ninguno de los actuales estibadores.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar ve esta medida como un expediente de regulación de empleo. Y entiende que esa subrogación que asegura el Estado que existe, consistente en la obligatoriedad de contratar a un porcentaje determinado de los actuales trabajadores y en que las autoridades portuarias se hagan cargo del coste de los despidos y prejubilaciones en los años trabajados antes de 2014, dejando que sean las empresas quienes respondan de los tres años siguientes; no garantiza las condiciones laborales actuales. "La subrogación es uno de los puntos irrenunciables, innegociables, de la modificación de ley. Los trabajadores hemos venido trabajando para las empresas que están en el sector, y si llega a aprobarse el decreto, seguirán estando ahí y seguiremos siendo sus trabajadores", apuntó Miguel Rodríguez, portavoz de los estibadores. "Creemos que tienen la obligación de subrogar al personal, así se regula en el articulo 44 del artículo de los trabajadores", añadió.

Rodríguez apuntó que la única posibilidad que existe ahora para desconvocar la huelga, prevista a partir del día 6 de marzo, en seis jornadas alternas y en horas impares; es que el decreto ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros recoja "la obligatoriedad de la aplicación de condiciones que se haya pactado entre patronal y trabajadores". Si esto no ocurre a lo largo de la próxima semana, los estibadores iniciarán los paros. Para evitarlo, el próximo martes retomarán la mesa negociadora con la patronal y un mediador impuesto por el Gobierno, con el objetivo de integrar en el convenio colectivo la continuidad de los empleados

En todo caso, la liberalización del sector aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. En este punto, el ministro hizo un "llamamiento a la responsabilidad" para el resto de partidos políticos. Y recordó que Europa ha sancionado ya con 21,5 millones de euros a España por no aplicar la sentencia, y que de forma "inminente" se hará pública una segunda sentencia condenatoria por la que el Estado deberá pagar una multa coercitiva de 134.107,2 euros por cada día de retraso en su ejecución.

El problema con el que se encuentra De la Serna es que el resto de grupos, incluido Ciudadanos y PSOE cuyo 'sí' se hace necesario, ya han mostrado su desacuerdo a legislar sin el visto bueno de los agentes sociales. La presidenta andaluza, Susana Díaz, instó al Gobierno a dialogar con los trabajadores porque, según ella, cuando se intenta gobernar desde el "ordeno y mando" se "quiebra" la negociación colectiva, el diálogo entre patronal y trabajadores y se producen huelgas. Díaz añadió que hay que cumplir la sentencia y con la ley, pero "con diálogo con la empresa y los trabajadores", posición que espera que el PSOE defienda en el Congreso. La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, rechazó la reforma y exigió al PSOE y a todos los grupos que "se han hecho la foto con los estibadores que den la cara y voten en contra del real decreto".

Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos.