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La fiscal quiere dividir el 'caso Emalsa' para centrarse en la gestión del tripartito

Delitos Económicos reclama una pieza separada para investigar al gobierno local al margen de los 15 directivos imputados

Roberto Santana, Javier Doreste, Augusto Hidalgo y Pedro Quevedo antes de iniciar un consejo de administración de Emalsa.

Roberto Santana, Javier Doreste, Augusto Hidalgo y Pedro Quevedo antes de iniciar un consejo de administración de Emalsa.

La fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital que divida la causa contra Emalsa en dos procedimientos. El ministerio público, tras denunciar en 2013 a los socios privados de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, reclama ahora que se abra una pieza separada para investigar la gestión pública de la compañía. Ríos aprecia indicios de administración desleal en las últimas decisiones tomadas por el gobierno municipal, que está integrado por el PSOE, Nueva Canarias y Podemos, los tres con concejales en el Consejo de Administración de Emalsa, además del alcalde, Augusto Hidalgo, este último en calidad de presidente de la entidad.

En el procedimiento principal, que se inició en noviembre de 2013, están imputados 15 consejeros, directivos y técnicos de Emalsa por un presunto delito societario. La suerte de esas diligencias previas, sin embargo, dependen de un informe encargo por el juez Luis Galván, cuya finalidad es determinar si existe o no un quebranto patrimonial para la ciudad en la gestión del negocio del agua.

La Fiscalía de Las Palmas, para evitar más retrasos en la causa principal, ha pedido al juez instructor que abra un pieza separada con las últimas denuncias del Partido Popular, Ciudadanos y el colectivo cívico El sol sale para todos, las cuales han sido asumidas por el ministerio público al ver indicios de responsabilidad penal en las actuaciones del equipo liderado por Hidalgo.

Las tres denuncias señalan al tripartido por dos hechos que están relacionados: obviar los informes municipales que advierten de incumplimientos contractuales, en el caso del PP, y pagar facturas no justificadas por la limpieza de la red de alcantarillado, en el caso de Ciudadanos y El sol sale para todos. De ahí que la fiscal cambie la estrategia inicial y pida que las nuevas denuncias se acumulen en un mismo procedimiento separado del principal.

Documentos y testigos

La fiscal Eva Ríos, tras analizar los argumentos de Ciudadanos y del Sol sale para todos, decidió a principios de semana denunciar al tripartido por un delito de administración desleal. En ese mismo escrito reclama la apertura de la pieza separada y pide diligencias para comenzar la investigación contra el gobierno local, entre ellas que se reclame al Ayuntamiento el contrato de saneamiento firmado con Emalsa en 1998, su pliego de condiciones técnicas y las adendas o modificaciones realizadas a lo largo de estos años.

La fiscal también quiere analizar las facturas de saneamiento emitidas desde enero de 2017 hasta la actualidad, así como el expediente de crédito extraordinario que ha sido aprobado recientemente por el Pleno municipal, con la finalidad de abonar las facturas emitidas por Emalsa entre enero de 2013 y diciembre de 2016 por ese contrato. Asimismo solicita que se recabe la Intervención General del Ayuntamiento todos los reparos que se hayan realizado a las facturas, tanto antes como después de la modificación del crédito aprobado para pagarlas, pues en ese expediente parece estar la clave de la investigación promovida por la Fiscalía.

La nueva denuncia, de 13 folios, se centra en el abono de esas facturas. El equipo de gobierno anterior, con el popular Juan José Cardona de alcalde, decidió no pagar esos trabajos al no estar justificados. Saur Internacional y Valoriza, que tienen el 66 % de las acciones, demandaron al Ayuntamiento y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas le dio la razón a los gestores privados, con el argumento de que la mercantil no está obligada a justificar los servicios prestados y facturados por el mantenimiento del alcantarillado.

Tras esa sentencia llega la actuación más controvertida del equipo de Hidalgo. La Junta de Gobierno, por acuerdo de 25 de febrero de 2016, decidió no recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y optó por iniciar el expediente para pagar las facturas. ¿La razón? Defender de manera "más eficaz el interés público". Ese planteamiento es cuestionado por la Fiscalía de Delitos Económicos en su denuncia porque discrepa del criterio seguido por el Juzgado de lo Contencioso al dictar la sentencia.

La fiscal considera que Emalsa sí está obligada a certificar los servicios que presta. De ahí que también proponga como testigo a la interventora accidental del Ayuntamiento, María del Carmen Soto Saavedra, con la intención de preguntarle por los reparos puestos al pago de esos servicios y por la manera en la que se ha tramitado el expediente de modificación de crédito para saldar la supuesta deuda.

La sentencia, en ese sentido, obliga a pagar a la empresa mixta de aguas 6,6 millones por las primeras 15 facturas que se deben, entre enero de 2013 y abril de 2015, que es la cantidad reclamada por Emalsa en ese pleito, pero el Pleno aprobó un reconocimiento de crédito de 14,48 millones para liquidar otras 20 facturas que van desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015.

Todo ello pese a los informes elaborados por el equipo de reflexión e intervención creado por Cardona, los cuales incidían en la necesidad de incrementar los mecanismo de control debido a los incumplimientos de Emalsa. Esos informes fueron desechados por Hidalgo, que creó un nuevo comité asesor, cuyas conclusiones están más próximas al trabajo realizado por el equipo del exalcalde Cardona que a la propuesta formulada por la consultora KPMG para revisar los contratos (Hidalgo y Emalsa querían revisar las relaciones sobre la base del dossier elaborado por la consultora).

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