La denuncia de una comunidad de vecinos por ruidos ha acabado con la clausura del gimnasio Good Look, situado en Guanarteme, el único que había sido capaz de sobrevivir en la zona tras la puesta en marcha hace dos años del centro GoFit de la Cícer. La paralización de la actividad fue ordenada por la Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento, al considerar que el local no reúne las condiciones para llevar a cabo la actividad deportiva y ha desobedecido el requerimiento que se le ha hecho para que aísle el recinto. El dueño del gimnasio, Francisco Quesada, considera, por el contrario, que está siendo víctima de la "persecución" de un funcionario municipal y asegura que antes de diciembre pasado corrigió todas las deficiencias que le ordenó el Ayuntamiento. "Hice las medidas de aislamiento antes del cierre y están aportadas en el informe que entregué en el servicio en diciembre pasado, que el técnico se niega a leer y también se niega en redondo a hacer una inspección", sostiene Quesada.
El Ayuntamiento inicia el expediente contra el gimnasio en 2013, tras recibir una denuncia el 23 de mayo de una comunidad de vecinos que se queja de las "molestias ocasionadas por el funcionamiento de la actividad del gimnasio", situado en la calle Secretario Padilla, número 78. Según el expediente, la Policía Local emite un informe el 11 de septiembre de 2013 en el que "se hace constar la realidad de las molestias denunciadas, transmitiendo ruidos y vibraciones que afectan a varios domicilios del edificio". La policía, añade, informa de "elementos anclados al techo", así como "monitores de televisión sujetos a las columnas del local" y "pesas de hierro macizo" que "implican golpes contra el suelo". Sin embargo, según el propietario, la policía "no ha hecho hasta la fecha ninguna medición que acredite las supuestas molestias denunciadas. Las actuaciones se limitan a emitir opiniones, que no se ajustan al procedimiento".
Primera denuncia
Casi un año y medio después de la primera denuncia vecinal, el técnico giró una visita al local, en febrero de 2015, y denuncia que el dueño le impidió la entrada, una afirmación que Quesada rechaza de manera rotunda, asegurando que sólo le pidió "que esperara cinco minutos para acompañarle en la visita. No quiso esperar y se fue".
A partir de este momento, resalta Quesada, comenzó la "persecución" por parte del técnico. La primera orden de cierre se produjo el 26 de febrero de 2015. El dueño del gimnasio recurrió y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 anula el 12 marzo de ese mismo año la orden de paralización, al considerar el juez que el Ayuntamiento "no respetó el procedimiento legalmente establecido", como dar un plazo para corregir las deficiencias observadas o la carencia de pruebas sonométricas que acreditaran los ruidos, una circunstancia que causó "indefensión" al dueño del gimnasio. El 26 de marzo, sólo ocho días después de que el juzgado confirmarse la anulación, la Policía Local realizó un nuevo informe sobre las molestias ocasionadas en el domicilio de una vecina por "ruido, música y golpes" procedentes del local deportivo. Tras una visita de inspección el 8 de abril de 2015, se detectaron 25 deficiencias en el local, algunas de las cuales provocan según los técnicos los ruidos y molestias. En esta ocasión, la resolución fue más allá y consideró que "la actividad no se ajusta ni al proyecto de obras ni al de instalaciones".
El 23 de noviembre de 2016 el técnico informó de que había vuelto a ser "imposible comprobar las molestias y vibraciones" que denuncian los vecinos, pero enumeró una veintena de deficiencias, algunas de las cuales incumplen las normas de seguridad. La penúltima orden de paralización se produjo el 24 de enero pasado. Quesada recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso número cinco suspendió cautelarmente el precinto. El 13 de febrero dictó un nuevo auto en el que levantó las medidas cautelares y el Ayuntamiento ordenó el precinto diez días más tarde.
Deficiencias
Francisco Quesada asegura que se han corregido todas las deficiencias e insiste en que el Ayuntamiento "carece de un informe que pruebe los ruidos que denuncian" los vecinos. Añade que entregó un informe al Ayuntamiento en diciembre pasado sobre los trabajos realizados, pero "el técnico dice que es ilegible".
El concejal de Urbanismo Javier Doreste manifiesta, por su parte, que el "local no reúne las condiciones, pese a que el dueño ha sido requerido varias veces para que cumpla la normativa y aísle el local". y destaca que el Juzgado le ha dado la razón al Ayuntamiento al rechazar la suspensión cautelar del cierre.
"Es un tema puramente técnico y lo único que se le pide es que cumpla la normativa. El Ayuntamiento no puede adoptar una medida de carácter arbitrario, se basa en las mediciones y las comprobaciones de la Policía Local. Respeto el derecho de expresión del dueño, pero las cosas están claras para los técnicos y el expediente camina como lo tiene que hacer", señala Doreste. Y añade que "lo único que se le pide al dueño es que cumpla con el aislamiento que debe tener una instalación de este tipo. Nosotros no tenemos ningún interés en cerrar ningún negocio, pero mientras haya denuncias vecinales, tenemos que actuar y tomar decisiones desagradables que no nos gustan. Si aísla el local lo podrá abrir".
